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    El acuerdo logrado en la sede del Consejo de Europa concreta un Fondo de Recuperación de dotación menos generosa de lo previsto y que compensa económicamente a los países 'frugales', que además dispondrán de una herramienta de control para supervisar su condicionalidad. España obtendrá 5.000 millones menos de lo previsto y deberá hacer reformas.

    La inflexible postura de los mal llamados países frugales, con Países Bajos al frente, rebajó las expectativas creadas sobre la cuantía del fondo de ayuda y su condicionalidad. Los prolegómenos de la cumbre, resueltos en forma de encuentros bilaterales en vísperas del inicio oficial de las conversaciones en Bruselas, ya habían augurado un panorama de reducción del montante directo de la ayuda y la imposición de reformas estructurales.

    Y aunque el bloque frugal no ha conseguido reducir la cantidad inicialmente propuesta y al fin aprobada (750.000 millones), sí ha podido limar la parte destinada a transferencias a los Estados; es decir, las subvenciones a fondo perdido. De esta forma, se pasó de los 500.000 millones planteados el viernes 17 de julio por el presidente del Consejo Europeo ―el belga Charles Michel― en forma de transferencias directas a los Estados, a 390.000 millones.

    Esos 110.000 millones de euros de diferencia pasarán a engrosar la cantidad de dinero consignada a préstamos con condicionalidad, ahora 360.000 millones. 

    La parte para España

    España podrá acceder a 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones serán transferencias. En principio es una suma un poco menor de lo estimado, apenas 5.000 millones menos, pero el Gobierno español se da por satisfecho "al 95%".

    "Es un gran acuerdo para Europa y para España; no les quepa duda que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea", afirmó el presidente español Pedro Sánchez en rueda de prensa.

    La ayuda equivale al 11% del PIB nacional y transcurrirá a lo largo de seis años.

    Si bien el plan se ha aprobado por unanimidad, tal y como Países Bajos exigía (lo que significaba que un solo voto en contra ―por ejemplo, el suyo― obraría como veto), finalmente se pudo llegar a un acuerdo. A cambio, los holandeses obtienen una herramienta para bloquear la concesión de ayudas directas si, tras la supervisión de las reformas exigidas, algún país incurre en "desviaciones graves". En tal caso, la cuestión se sometería a debate en una cumbre europea y se habilitarían tres meses para tomar una decisión.

    La condicionalidad de los préstamos atañe a un plan de reformas acorde a las recomendaciones del Semestre Europeo en materia de creación de empleo, y transición ecológica y digital. España, además, tendrá que crear incentivos eficaces para la contratación y desarrollo de trabajadores, así como reforzar la protección por desempleo.

    ¿Peligra el proyecto europeo?

    Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia, apoyados también por Finlandia, deseaban que el total del fondo no superara los 700.000 millones de euros y que sólo la mitad se dedicara a subvenciones.

    Y prácticamente lo han conseguido: 390.000 millones de euros para transferencias directas. "Esa cifra es un fracaso total", asegura a Sputnik el economista Fernando Luengo, "y no sólo porque se mete la tijera en un momento crítico; la cuestión es si será suficiente". Francia, Alemania, Italia y España se negaban a bajar de los 400.000 millones porque estimaban que esa era la cifra mínima necesaria para que redunde en un impacto macroeconómico positivo. El enfado con los países frugales fue en crescendo durante el fin de semana y desde el entorno francoalemán se les acusó de "poner en peligro el proyecto europeo" con su actitud.

    "Un acuerdo para reducir la cantidad total, reducir el volumen de las transferencias y aumentar la condicionalidad, es un fracaso que desacredita completamente el proyecto europeo", conviene Luengo, exprofesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

    Este economista admite que la UE está haciendo "cosas distintas" a lo que venía haciendo, por ejemplo "tomar deuda colectiva con cargo a los presupuestos". "Pero, ¿es suficiente? Porque las estimaciones de hace unos meses apuntaban a una cifra mucho mayor de dinero", señala, recordando que entonces se hablaba de transferencias sin condicionalidad estructural. "Es decir, era un dinero para atajar la pandemia y favorecer la reactivación económica, pero no para hacer reformas laborales ni recortar pensiones", subraya.

    Una arquitectura poco flexible

    Las propias características estructurales de la Unión Europea parecieron no favorecer una rápida y decidida acción para atajar la actual crisis, pues ya en abril se pidieron movilizar recursos a la mayor celeridad posible.

    "La toma de decisiones de la UE blinda un funcionamiento para que la orientación de la arquitectura económica siga con su piloto automático", explica a Sputnik el economista y sociólogo Daniel Albarracín.

    En su opinión, tal arquitectura articula un Banco Central Europeo (BCE) en teoría independiente, "pero al servicio del sistema financiero privado y las grandes corporaciones", un presupuesto comunitario "incapaz de estimular la inversión y conseguir mecanismos de cohesión y convergencia reales", la "obsesión por el control del déficit y el gasto público" que vehicula el Pacto de Estabilidad y Crecimiento "en aras de la devolución de las deudas públicas", y una moneda única que provoca "divergencias entre países centrales y periféricos".

    "Hay unas líneas rojas que la UE ya no va a superar", recuerda al respecto Fernando Luengo. "Se superó la línea roja de suspender temporalmente el Pacto por la Estabilidad y la línea roja de mancomunar la deuda, pero más allá la UE no ha ido. Y es un drama, porque tiene toda la pinta de que la situación va a empeorar. Ahora se habla de un 12-13% de caída del PIB, pero hay previsiones que hablan de un 20%. El proyecto europeo, tal y como lo han concebido las élites, está en peligro".

    En este punto, Albarracín, en la actualidad consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, es de similar parecer. "La interrupción del Pacto de Estabilidad es coyuntural", dice. "En ausencia de un fondo solidario que aborde la crisis a modo de escudo social y de reactivación de inversiones, mancomunado, y basado en transferencias orientadas a actividades clave", afirma, "la crisis será sumamente fuerte y duradera, y el aumento de la deuda pública implacable". 

    Fernando Luengo incide en que las tensiones que han aflorado en la cumbre europea son producto de "una apuesta por el aumento de la deuda". Luengo, editor del blog especializado Otra Economía, sostiene que tras la deuda figura la industria financiera y un mercado de magnitud colosal. "Porque aunque los títulos de los bonos coticen a la baja y tengan unos intereses muy moderados, el déficit es tan grande y la deuda pública tan monumental, que es un mercado seguro para la industria financiera".

    "En realidad, lo que ha planteado Países Bajos y otros países refleja una posición de las élites económicas", declara este economista.

    "Para financiar ese aumento de la deuda, que, no lo olvidemos, ha servido sobre todo para rescatar a las grandes empresas y cubrir sus costes financieros y laborales", señala Daniel Albarracín, "habría sido necesaria otra política económica, con una reforma fiscal, sobre todo centrada en los beneficios y grandes patrimonios y no tanto sobre el IVA como pretenden instituciones como el Banco de España, capaz de sufragar dichos fondos de solidaridad. Eso no va a ser así".

    España, con el apoyo de Francia y Alemania

    La postura española defendida por Pedro Sánchez ha encajado con la de Emmanuel Macron, Angela Merkel y Giuseppe Conte. Es decir, España terminó por alinearse con países como Francia, Alemania e Italia, contribuyentes netos al presupuesto comunitario.

    Pero al mismo tiempo estos Estados reivindicaban un cheque para compensar sus aportes. Y así ha sucedido con Países Bajos (cuyo cheque compensatorio aumenta de 1.576 a 1.921 millones anuales), Dinamarca (de 197 a 377), Austria (de 237 a 565) y Suecia (de 798 a 1.609). Alemania se queda como está (3.671 millones de euros anuales).

    "Y eso es más discutible", recuerda Fernando Luengo. "Porque son los que más han ganado con el mercado único. ¿Cómo pueden decir que son los grandes contribuyentes? Han ganado muchísimo dinero con el mercado único, sus empresas han entrado a saco aquí. Y han tenido un superávit permanente", concluye.

    Una UE nacida de la desregulación

    El resultado de las negociaciones puede haber sido también una consecuencia de la naturaleza estructural de la Unión Europea.

    "Europa se ha construido alrededor del mercado financiero desregulado", recuerda Fernando Luengo.

    Según este exdocente, la lógica que gobierna la política económica del bloque frugal ha chocado con la postura más europeísta (que pide presupuestos amplios) "porque es una apuesta por la redistribución pública".

    Luengo explica que el afán por reducir el fondo de reconstrucción entronca con la querencia liberal de mantener presupuestos escasos. ¿Por qué? "Porque quieren que la redistribución la hagan los mercados financieros y no los Estados". "No se quiere federalismo político, no se quiere un Tesoro Europeo (esto significaría entrar en las bases imponibles de las corporaciones, entrar en los paraísos fiscales). Hay que fijarse en quién ha sido elegido presidente del Eurogrupo, una persona que está al frente de la economía de un paraíso fiscal: Irlanda", subraya.

    "La toma de decisiones siempre pivota desde el Eurogrupo, que es un órgano antidemocrático fuera de cualquier ley", recalca Albarracín, también exprofesor de la Universidad Complutense de Madrid.

    A su juicio, la toma de decisiones en el seno de la UE "está encapsulada por la regla de la unanimidad para las decisiones importantes, que hace que el veto de un solo país sea suficiente para que ese piloto automático (neoliberal) siga intacto". Justamente la opción que defendía Países Bajos, que porfiaba por que la aprobación del plan de ayuda fuera unánime.

    La condicionalidad del Estado de Derecho

    Durante la negociación, la brecha entre países se acentuó y el choque con la postura holandesa propició anécdotas casi surrealistas.

    Luego de que su primer ministro, Mark Rutte, quisiera ligar también las ayudas a la adhesión al Estado de Derecho, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le tachó de "comunista". Esta condicionalidad ha quedado finalmente suavizada, y tanto polacos como húngaros se muestran satisfechos de que finalmente no exista "un vínculo directo" entre el Estado de Derecho y los fondos. El economista y sociólogo Daniel Albarracín explica que no se puede caer en la tentación de "oponer intereses entre países, sin más detalle".

    "El gobierno de los Países Bajos defiende a las empresas multinacionales de su país, pero el respaldo a sus políticas está lejos de ser unánime", afirma.

    Albarracín subraya que las clases populares de ese país "también sufren un marco inestable de trabajo". La deuda privada (de las familias y las empresas) de Países Bajos es en realidad altísima, del 242% del PIB, más de cien puntos superior a la española, por ejemplo. "Las políticas de su gobierno únicamente les puede favorecer de manera muy indirecta y parcial, porque priman a sus empresas y negocios financieros sobre los intereses de la mayoría social".

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    reformas, recortes, Charles Michel, Angela Merkel, Pedro Sánchez, Mark Rutte, paquete de ayuda, ayuda, préstamo, deuda pública, Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, Consejo de Europa
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