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    México y Estados Unidos han protagonizado desde la década de 1990 una larga disputa por los obstáculos impuestos a la venta de atún mexicano en el mercado de la Unión Americana.

    Desde entonces, Washington impuso restricciones a las importaciones del alimento a partir de una disposición legal, la cual contiene medidas de protección a favor de los delfines, mismas que deben cumplir tanto su flota pesquera como los países cuyos barcos pesquen atún aleta amarilla en la zona oriental del océano Pacífico. Si un país exportador de atún no puede demostrar a las autoridades estadounidenses que ha cumplido con esas normas, su Gobierno puede dictar el embargo de todas las importaciones.

    A pesar de que México ha demostrado que la pesca de atún se realiza con base en los estándares internacionales de protección a los delfines, Washington siguió negando la entrada del alimento a su mercado. Por este motivo, en 2008 México inició una controversia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) a fin de denunciar las prácticas discriminatorias de los estadounidenses.

    En 2011 la OMC falló a favor de México, tras corroborar que México cumplía con los lineamentos en materia de protección a los delfines. De este modo, indicó que los requisitos de etiquetado impuestos a las importaciones de atún mexicanas por parte de Estados Unidos violaban las normas de comercio internacionales.

    Aunque Washington apeló el fallo en enero de 2012, en mayo de ese año la OMC determinó que se debía permitir el acceso a las exportaciones de atún mexicano al mercado estadounidense.

    Por ese motivo, en 2013 las autoridades de Estados Unidos aprobaron cambios en su legislación para ampliar las restricciones e impedir la entrada del atún exportado por México. Aun así, la OMC determinó que las reformas eran insuficientes, porque aún se mantenía el trato distinto hacia el atún mexicano.

    De nueva cuenta, en 2016 se aprobaron cambios a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos estadounidense para ampliar las restricciones de importación de productos marítimos a otros países. Sin embargo, ese mismo año México solicitó a la OMC una autorización para imponer sanciones comerciales a Estados Unidos con base en los fallos a su favor.

    Así, en abril de 2017 un árbitro de la OMC resolvió que México podría imponer sanciones comerciales por 163,23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos. Esto apenas representó la tercera parte de lo que México demandó, pues en su solicitud estimaba que el daño causado a la industria atunera local era de aproximadamente 472,3 millones de dólares.

    Una vez que México anunció su intención de imponer sanciones a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense —parte de otra controversia comercial entre ambos países—, Washington solicitó una exención de las normas de la OMC por razones de conservación ambiental.

    Entonces, la Organización Mundial de Comercio decidió en contra de las medidas de México. Representantes de la Secretaría de Economía mexicana apelaron el fallo tras considerar que se debilitó su reclamo de sanciones comerciales en contra de Estados Unidos.

    Finalmente, en diciembre de 2018, el Órgano de Apelación de la OMC consideró que, ante las últimas modificaciones a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos estadounidense, cualquier posible acto de discriminación entre los productos de atún mexicanos y estadounidenses quedó eliminado.

    Etiquetas:
    Organización Mundial del Comercio (OMC), atún, EEUU, México
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