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    La crisis acalora el debate sobre la reforma fiscal. La subida de impuestos (y a quién) es un aspecto que divide a la escena política española, también a los dos partidos que integran el Gobierno. El vicepresidente Pablo Iglesias aboga por gravar a las grandes fortunas y Pedro Sánchez parece convenir en subir impuestos a las grandes corporaciones.

    La crisis económica inducida por el periodo de confinamiento que ha paralizado la economía española entre marzo y mayo necesita de paliativos y estímulos para sofocarse. Con un Gobierno que busca no depender en exceso de ayudas comunitarias ligadas a la deuda, la financiación de las políticas públicas puede conducir a nuevos esquemas tributarios.

    La postura de las formaciones parlamentarias en España es clara. La oposición de credo económico neoliberal es contraria por principios a incrementar la fiscalidad, pues creen que la economía se dinamiza haciendo lo opuesto. Y en el Gobierno de coalición, la posición del PSOE es en teoría más timorata que la de su socio Unidas Podemos (UP), que apuesta por gravar de manera más decidida a las grandes fortunas. Sin duda un elemento de fricción, el 2 de julio el presidente Pedro Sánchez, en aras de la "justicia fiscal", declaró no obstante ser partidario de "subir los impuestos a las grandes corporaciones" y a los tramos más altos de IRPF. "Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal", afirmó durante una entrevista televisiva concedida al canal La Sexta.

    Pero las declaraciones de Sánchez son acogidas con circunspección. "¿A qué rentas se va a gravar? ¿Qué tipo de exenciones se eliminan? ¿Cómo se va a luchar contra el fraude?", se pregunta el economista Fernando Luengo. "Porque da la impresión de que el impuesto a las grandes fortunas queda fuera". "La cuestión no es hacer algo, sino lo suficiente para que el margen fiscal del Gobierno se amplíe", recuerda.

    La propuesta del Banco de España

    El 30 de junio el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su informe contable referido al primer trimestre de 2020 y los datos resultaron ser demoledores: el PIB nacional menguó un 5,2%, el consumo cayó un 6,6% y las exportaciones se hundieron un 8,2%.

    Y el mismo día, el regulador financiero del país, el Banco de España, publicó un documento solicitando un plan de ajuste fiscal para contener la deuda. El gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, señaló que la política fiscal "debe de ser la primera línea de defensa para luchar contra los efectos económicos de esta crisis". Pero no propuso ninguna medida en concreto, tampoco habló de potenciar la lucha contra el fraude fiscal como fuente de ingresos que podría recuperar el Estado. ¿Cabe entenderse como presión soterrada? "El Banco de España juega un papel más ideológico que el INE", explica a Sputnik el economista y sociólogo Daniel Albarracín.

    "Pero tampoco tiene problemas en tomar los datos del INE como referencia; su papel es más de arrojar proyecciones y recomendaciones influyentes en los gobiernos y en las expectativas de los agentes económicos".

    Este economista sostiene que la propuesta del regulador español "consiste en combinar ajustes estructurales y elevar impuestos indirectos como el IVA, para conjugar recortes de gasto y aumentos de ingresos". En su opinión, no cabe esperar de este organismo un planteamiento nuevo para proponer políticas de inversión.

    "Era de esperar que estuviese en contra de las reformas fiscales sobre los beneficios y el patrimonio, porque considera que no sólo es más fácil recaudar con el IVA, sino porque eso no afecta a las élites empresariales y grandes fortunas, al recaer en el conjunto de consumidores, sin importar su carácter regresivo en relación a la capacidad adquisitiva", afirma tajante Albarracín, en la actualidad consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

    De similar parecer es Fernando Luengo, para quien la postura del Banco de España en materia tributaria es seguir dirigiendo la carga fiscal del país sobre las rentas del trabajo. "El Banco de España habla de los tipos superreducidos del IVA. Es decir, 'quiero impuestos pero no los quiero pagar yo'", explica a Sputnik este exprofesor universitario. "El grueso de los ingresos del estado son cotizaciones sociales, los impuestos sobre el trabajo y la imposición indirecta", afirma, señalando una situación que conviene excelentemente a "los ricos y las patronales".

    El politólogo Víctor Prieto apunta al decreciente tipo impositivo de los impuestos directos a la renta, la propiedad y las sucesiones de bienes como factor de regresividad fiscal en España. "Los pobres y las clases medias empobrecidas han asumido durante años como propio el discurso neoliberal sobre la bajada de impuestos porque, en cierta forma, su pérdida de poder adquisitivo en cuanto al salario estaba siendo compensada con disminuciones de algunos impuestos y, sobre todo, con facilidad de acceso al crédito", declara a Sputnik.

    "Ese recuerdo de los años gloriosos de la clase media en la España de la burbuja inmobiliaria todavía sigue operando con fuerza ahora. Es el viejo principio smithiano de la suma de los egoísmos individuales como sinónimo del bien común", explica.

    "Crisis fiscal del Estado"

    Así define Prieto la situación actual por la que atraviesa la política tributaria española. En su opinión, esta es "consecuencia de una contrarreforma fiscal, efectuada en las últimas décadas, que ha vaciado de recursos las arcas públicas".

    Este investigador social recuerda que tal contrarreforma fue "el triunfo del principio neoliberal de que el dinero de los contribuyentes está mejor en sus bolsillos que en manos del Estado lo que justificó, de hecho, una reversión del principio de progresividad contributiva que inspiraba el Estado Social de Derecho". En este contexto, la postura reformista fiscal defendida por UP se da de bruces contra un muro que ha provocado que en España "el 80% de los impuestos son aportados por las rentas del trabajo (las rentas del capital no contribuyen apenas)". De tal modo, la disminución de cargas fiscales a la renta han dado preponderancia a los impuestos indirectos al consumo, "como el IVA y los Impuestos Especiales", reafirmando la regresividad del sistema tributario.

    En esta situación, ¿tiene España un ejemplo a seguir en el seno de la propia UE? "En Alemania, Dinamarca o Suecia", destaca Fernando Luengo, "el peso de los impuestos respecto al PIB está siete puntos por encima de lo que tenemos en España; es decir, hay margen para acercarnos al promedio comunitario", recuerda este exprofesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Es cuestión de voluntad política, y aporta un dato:  

    "Lo que plantea ahora UP y parece que también el PSOE, es que sólo con que el tipo efectivo se acercara al 15% tras eliminar exenciones y deducciones, habría un margen recaudatorio muy grande. Y sin subir los tipos, sólo suprimiendo los subterfugios que tienen las corporaciones para evitar pagar impuestos".

    Una oposición de pensamiento fiscal contrario

    Los partidos opositores PP, Vox, C's manifiestan en la actualidad una posición absolutamente contraria a la subida de impuestos. Las declaraciones al respecto de sus representantes son constantes. Una de las últimas las pronunció el 2 de julio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cuando dijo que el presidente Sánchez "debería descartar automáticamente la subida de impuestos" porque "no es el momento".

    La razón aducida es que unos impuestos bajos dinamizan la economía. "Pero esa posición ahora mismo es criminal, eso significa que el único camino que tienen los Estados es la deuda. Y la deuda se va a situar en el 130%", sostiene Fernando Luengo. "Duplicamos ya los niveles que marca el Pacto por la Estabilidad, ahora suspendido". Luengo, editor del blog especializado Otra Economía, señala que la lógica por la que se conducen las derechas ("todas, desde la de Trump hasta la de Clinton") es la de "no penalizar el ahorro".

    "Ellos dicen que la política fiscal no debe desincentivar el ahorro, porque el ahorro incentivado favorece la inversión productiva. Y esto es una falacia total: en las últimas décadas no se ha producido esta relación ahorro-inversión. Porque ese ahorro, ya sea de grandes fortunas o sueldos de grandes directivos, se ha destinado a los mercados financieros, no a la inversión productiva".

    Y un Partido Socialista cambiante

    La dificultad que entraña cualquier viraje en la política de ámbito fiscal en España reside también en el hecho de que el propio PSOE ha practicado profusamente las orientaciones que en esta materia ahora parece querer abandonar.

    "El PSOE ha participado durante años del consenso neoliberal que auspiciaba la bajada de impuestos y la disminución del gasto público como sistema para equilibrar la balanza de la Hacienda Pública", recuerda el politólogo Víctor Prieto, quien resalta que el Gobierno de coalición se constituyó "con un acuerdo que incorporaba la necesidad de aumentar la progresividad del sistema impositivo". Este investigador de la consultora Studi La Cimera resalta que las posibles divergencias en el seno del Gobierno son a cuenta de definir "en qué umbral situar el nivel de renta a partir del cual se puede considerar a una persona rica".

    Pedro Sánchez declara la necesidad de una reforma fiscal en aras de la "justicia fiscal", un término que Prieto califica de "abstracción sin sentido práctico". Y tampoco cabe tildar de revolucionario un incremento de los tipos impositivos a las corporaciones y rentas altas. "Aun cumpliéndose las pretensiones de UP, en realidad solo estaríamos acercando la carga fiscal a las rentas altas a los parámetros europeos", afirma.

    Perspectivas de una nueva fiscalidad

    La crisis económica, la oposición frontal de organizaciones patronales y partidos de credo económico neoliberal, así como la habitualmente poco enérgica persecución del fraude fiscal, en principio no auguran un gran recorrido a cualquier iniciativa de cambio en materia tributaria.

    Pero las circunstancias son excepcionales. "El contexto se encuentra marcado por la emergencia de la crisis sanitaria y la necesidad de la reconstrucción económica tras la pandemia", puntualiza Víctor Prieto. "Y en este clima, es factible que sectores sociales y políticos que tradicionalmente no quieren ni oír hablar de aumentos impositivos, acepten esfuerzos circunstanciales". Y señala una contradicción:

    "Algunos de esos sectores 'antiimpuestos' son los que más se están beneficiando ahora de las ayudas públicas, vía exenciones fiscales, ERTE o financiación barata. El profesor Luengo concuerda con él: "Que esos sectores digan ahora que es necesario una inyección financiera ilimitada en las empresas, es una paradoja de un cinismo total".

    La singularidad del momento actual aúna tanto la necesidad de aumentar los ingresos tributarios, como la imposibilidad de recortar el gasto público. "Gravar con más impuestos a la riqueza tiene como peligro la huida de capitales", recuerda Prieto, y subraya que por esta razón "también hay que luchar contra el 'dumping' fiscal entre Comunidades Autónomas y entre Estados europeos". "Sin esto", afirma, "las subidas de impuestos a las rentas altas van a ser meros cantos de sirenas". Este politólogo señala que asimismo es clave la aceptación "por abajo" del esfuerzo fiscal, entre las clases populares. "En este sentido, ideas como la tasa Google o el impuesto europeo al carbono pueden acabar enmascarando nuevas cargas sobre las clases trabajadoras".

    ¿Motivo de fricción en el Gobierno?

    El sentir general apunta a que el debate en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de gravar con impuestos a las grandes fortunas puede erosionarlo desde dentro. "Pero eso va a depender de aspectos coyunturales, como por ejemplo la inminencia de elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, y, seguramente, también pronto en Cataluña", explica Prieto.

    En general, UP tiene difícil imponer los temas de su agenda de reformas progresistas. "Por un lado, debe erigirse ante la opinión pública como la fuerza política que consigue abrir estos melones a la discusión y, por otro, se encuentra limitado por la correlación de fuerzas dentro del Ejecutivo y del Congreso", explica este investigador social, quien señala que para vencer las resistencias de los sectores más social-liberales del PSOE, UP debería antes "lograr trasladar a la opinión pública la necesidad de una reforma fiscal en este momento".

    Este politólogo cree que PSOE y UP han chocado en temas como la derogación de la Reforma Laboral, pero en el resto de temas se han entendido porque, en general, "ha predominado la negociación con la patronal y los sindicatos, incluso por delante de las negociaciones parlamentarias".

    "Es evidente que en el tema fiscal esto no va a poder ser así, y que solo un acuerdo amplio de las fuerzas de la investidura podría vencer las resistencias de la derecha y la patronal a este respecto. Pero hay que tener en cuenta que en cuestión de impuestos el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, históricamente ha solido ir de la mano de la derecha", remata.

    El telón de fondo de la vocación evasora

    España podría recaudar mucho más dinero de no ser por el enraizado fraude fiscal. ¿Por qué es tan difícil de perseguir? Según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en España se defraudan anualmente 60.000 millones de euros. Gestha asegura que con una ley de prevención y lucha contra el fraude, a medio plazo podrían recaudarse 34.500 millones adicionales cada año, procedentes en su mayor parte de la evasión de las grandes empresas y multinacionales.

    En un país donde la picaresca está elevada a género literario, puede pensarse que hay una cierta cultura del fraude. "También influye la idea que impera en el inconsciente colectivo de que la política es corrupción", explica Fernando Luengo. "Es decir, para qué vamos a pagar si el principal fraude es el de la clase política. Y eso lleva a pensar que lo privado es eficiente y que donde están todas las corruptelas es en lo público, pero el Estado del Bienestar necesita recursos para mantenerse".

    "Tradicionalmente, la socialdemocracia ha defendido la necesidad de una recaudación pública a la altura de las exigencias del Estado del Bienestar", añade por su parte Víctor Prieto, "mientras que las fuerzas liberales de derecha apoyan la pertinencia de que esos recursos estén en manos de los ciudadanos, puesto que esto estimularía el consumo y la inversión (¡como si no existiera el consumo y la inversión públicas!)". Prieto señala un consenso entre el centro-izquierda y el centro-derecha "en torno a un cliché de un Estado confiscador y la necesidad de mantenerlo a raya a toda costa para posibilitar un juego económico en el que todos los actores ganan".

    "El problema ahora mismo es que ese juego se ha revelado una trampa", prosigue en su explicación, "y nos encontramos con Estados sobreendeudados que, ante la falta de recursos fiscales, han de recurrir a los mercados internacionales para financiar ―con un altísimo coste― sus debilitados sistemas sociales. Eso, o vender a precio de saldo pedazos del Estado de Bienestar. Por eso no se puede entender el comportamiento actual de los gobiernos europeos, y de las instituciones comunitarias en general, sin ponerlo en relación con la crisis de 2008 y su precaria e insuficiente superación", concluye Víctor Prieto.

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