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    La Administración de EEUU investiga a varios países para determinar si el impuesto a los servicios digitales de sus grandes empresas puede lesionar su legislación y sus intereses. Uno de los afectados, España, prosigue la tramitación parlamentaria de esta fiscalidad, que adaptará a los compromisos que se alcancen en el marco de la OCDE.

    Pese a la apertura de una investigación a varios países ―entre los que se encuentra España― por parte de la Oficina del Representante Comercial de EEUU, el Gobierno español sigue adelante con el trámite parlamentario para lograr la aprobación del impuesto a determinados servicios digitales.

    El Parlamento español ha aprobado durante la sesión parlamentaria del 4 de junio la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). La cámara ha respaldado la iniciativa del Gobierno, contra la que han votado en contra los tres principales grupos de la oposición, encabezados por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C's). María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Ejecutivo español, ha defendido la conveniencia de este impuesto a escala internacional, que España adaptará acorde a los compromisos que en esta materia se alcancen en la Comisión Europea y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Montero ha criticado las enmiendas al proyecto de ley presentadas por la oposición, que han sido desestimadas en su totalidad. 

    "Parece que podemos avanzar en todo menos en la mejora de los sistemas tributarios", ha afirmado.

    La Administración de Estados Unidos busca frenar la aplicación de la llamada tasa Google, que España, así como la totalidad de la UE y otros países como India, Australia, Reino Unido, Brasil, Indonesia y Turquía, pretenden imponer a las grandes compañías online, como Google, Facebook, Amazon o Netflix para gravar su actividad comercial. El Gobierno español está interesado en introducir un gravamen del 3% a los ingresos (no beneficios) de estas empresas, siempre y cuando su facturación exceda de 750 millones de euros a nivel global y de 3 millones en el país ibérico. Esta fiscalidad es el IDSD. El Ejecutivo de Pedro Sánchez así lo consignó en febrero, cuando inició los trámites para aprobar la tasa Google y la tasa Tobin (a las transacciones financieras).

    Estados Unidos alega que de acuerdo con lo previsto por su normativa (sección 301 de la Ley de Comercio de los EEUU) puede estudiar si estas medidas fiscales resultan "inadmisibles o discriminatorias y carguen o restrinjan el comercio de EEUU". La investigación, que puede alargarse durante meses, podría concluir con la imposición de aranceles a la importación de productos provenientes de los países investigados.

    El sentido de la tasa Google

    La razón por la que tantos países están sopesando la posibilidad de fiscalizar la actividad de las grandes compañías tecnológicas en Internet atiende al hecho de que estas generan inmensos beneficios que apenas se gravan, pues estas empresas suelen elegir sus sedes fiscales a conveniencia, que no coinciden con sus países de origen.

    Así, Netflix tiene su sede fiscal en Holanda y Amazon en Luxemburgo. E Irlanda es terreno abonado para Apple y Google. Sin embargo, la tasa Google no debe confundirse con un impuesto de sociedades al uso. Lo que en realidad busca este impuesto, es paliar la reducción artificial de las obligaciones fiscales de estas empresas, que suelen ayudarse de la llamada ingeniería fiscal para hacerlo.

    El Ministerio de Hacienda español señala que la tasa Google no discrimina ni ataca a ningún país en concreto; su aplicación se basa en criterios objetivos y con independencia de la nacionalidad de las empresas gravadas. Este ministerio aduce que la tasa impositiva se basa en los trabajos previos de la Comisión Europea y que España la adaptará con los compromisos que se alcancen en el marco de la OCDE. A la espera de una decisión internacional consensuada, el Gobierno español calcula una recaudación algo inferior a 1.000 millones de euros.

    El caso de Francia y el recelo del sector español

    La Oficina del Representante Comercial de EEUU concluyó hace unos meses una investigación similar con relación a Francia por su deseo de aplicar la tasa Google. Entonces el Gobierno estadounidense resolvió imponer un arancel de nada menos que el 100% sobre varios productos de importación franceses, como el queso y el vino.

    Solo una negociación entre los presidentes de Francia y EEUU, Emmanuel Macron y Donald Trump, y el inicio de las conversaciones en el seno de la OCDE en materia de una solución global para la fiscalidad de las empresas digitales, pudo frenar la aplicación de estos aranceles justo antes de su entrada en vigor. Por otra parte, representantes del empresariado español del sector, como AMETIC, IAB Spain, la Asociación Digital de Startups y Adigital se muestran en contra de la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que "solicitan al Gobierno de España que reconsidere su posición hasta que se alcance un acuerdo en el ámbito internacional".

    En su opinión, el impuesto tendría consecuencias negativas para las empresas pequeñas que dependen de las grandes tecnológicas, como Apple o Facebook. También se quejan de que con la tasa Google la economía española sería "menos productiva e innovadora".

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    tasas, impuestos, impuesto, aranceles, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España, Gobierno de España, Amazon, Apple, Facebook, Google
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