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    El PIB de España no volverá al nivel alcanzado en el cuarto trimestre de 2019 hasta finales de 2023, advierten varios analistas financieros. Ponen en duda el plan económico remitido por el Gobierno del país ibérico a Bruselas.

    Según el plan que la ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital de España, Nadia Calviño, dio a conocer recientemente, la pandemia de coronavirus causará una caída del PIB de hasta el 9,2%. Sin embargo, subrayó que la economía española volverá a crecer con fuerza en el 2021, alcanzando una mejora del 6,8% del PIB.

    En el primer trimestre de 2020 el producto interior bruto de España ha caído un 5,2% respecto al cuarto trimestre de 2019. En aquel año el índice macroeconómico alcanzó el 2%, según los datos estadísticos recopilados por el periódico Expansión. 

    A su vez, los expertos de la empresa de análisis financiero Freemarket advierten que la política fiscal y presupuestaria del Gobierno español representa "una de las mayores amenazas" para la salida de la crisis. Su pronóstico es más opaco, dado que prevén que en 2020 el déficit público se sitúe entre el 11,2% y el 13,3% del PIB.

    Las autoridades españolas podrían experimentar dificultades a la hora de solicitar a la UE una financiación de gran cuantía, advierten los autores del informe. Dichas dificultades se deberán a la posición de varios Estados solventes del bloque europeo. La de aquellos que han dejado claro que no suministrarán recursos a fondo perdido a quienes se han vuelto insolventes a raíz de la crisis sanitaria y como consecuencia de la indisciplina presupuestaria mostrada en los últimos años. 

    "A lo largo de sus más de 100 páginas, el Plan Nacional de Reformas (PNR) enviado a la Comisión Europea no contiene ninguna iniciativa reformista", señalaron los analistas de Freemarket en su último informe, citado por el periódico El Economista.

    A juicio de los analistas, el PNR se refiere a las medidas que se adoptaron bajo el estado de alarma como reformas, y eso significa que la intención del Gobierno es no retirarlas una vez dé carpetazo a la crisis. En caso de ser verdad, esta hipótesis representará "una injerencia sin precedentes" del Estado en la economía, recalcan los analistas. Por ello, en Freemarket consideran que el Gobierno español debería evitar convertir en estructurales los programas que han sido aprobados para lidiar con un momento cíclico como el actual y que tendría que eliminarlos después de que la situación se normalice. 

    "Aunque resulte políticamente incorrecto señalarlo en la presente coyuntura, rebajar el gasto en vez de subir los impuestos es el único camino para romper la espiral de la crisis fiscal y revertir la situación", señalan los economistas de la empresa. 

    Los autores del informe se refieren a la rigidez del mercado laboral y al tejido productivo español como algunas de las debilidades de España en su lucha contra la crisis sanitaria. Hoy en día el mercado laboral, el de bienes y el de servicios no permiten al Estado adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes y a los shocks de la oferta y la demanda. 

    La caída de los precios y de los salarios representará "un lastre importante" para la recuperación económica del Estado. Mientras tanto, será imposible reducir una elevada tasa de desempleo —que podría registrarse a corto y medio plazo— sin volver a bajar los salarios, particularmente los de los trabajadores no cualificados. El Gobierno prevé que el desempleo suba hasta el 19% en 2020. 

    La recesión económica amenaza con provocar una masiva destrucción de pequeñas y medianas empresas. Los analistas de Freemarket advierten que las pymes podrían no sobrevivir a los costes fiscales y sociales existentes, a pesar de que tendrían acceso al mercado crediticio. Sus incentivos para endeudarse serían más escasos ante la intensidad y la incertidumbre de la crisis. De hecho, España e Italia son los únicos países de la UE donde la demanda de crédito se ha desplomado en medio de la crisis sanitaria.

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