Argentina se acerca a cumplir siete semanas de cuarentena y ya se sienten las consecuencias de la profundización de la recesión económica en la que está hundida el país, a la que se suma un probable default de la deuda externa. Las cosas estaban muy mal, pero se pueden poner mucho peor.
"Todos los contratos con el Estado que teníamos fueron paralizados y hasta tiempo indefinido porque no se sabe cómo quedarán financieramente después de la pandemia", dijo a Sputnik Miguel Scalise, dueño de una empresa constructora de infraestructura con 20 años en el mercado y representante de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA).
"De por sí iba a ser un año duro y después de todo esto va a ser más difícil, es probable que una cantidad importante de pymes y comercios queden en la nada. En el observatorio de FEBA tenemos la estimación de que entre el 38 y el 45 % de empresas van a desaparecer de acá a seis meses en la provincia,", anticipó.
Scalise comentó que el análisis se focaliza en las empresas de hasta 100 empleados, que representan 75 % del mercado de la provincia de Buenos Aires, donde vive 40 % de la población del país y donde se encuentra 50 % de toda la industria, por lo que se espera que sea el distrito más afectado, por lo menos en cantidad potencial de clausuras y despidos.
"Si consideramos que, en términos reales, muchas de las pymes tienen a lo mejor arriba del 50 % de la masa salarial en negro o les resulta dificultoso conseguir papelerío para demostrar ventas o costos, esta es la explicación central por la cual solo 10 % aproximadamente ha accedido a los créditos", dijo a Sputnik el economista Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
Salarios impagos y apoyo estatal
Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba), el 37 % de las pymes del Área Metropolitana de Buenos Aires no pudieron pagar los sueldos de abril; mientras que 40 % lo hicieron de manera incompleta y solamente 23 % pagaron salarios en tiempo y forma. El 7 y 8 de mayo el Estado depositará a los asalariados lo correspondiente al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Para poder acceder al apoyo estatal, la variación nominal de la facturación del período del 12 de marzo al 12 de abril de 2020 debe haber sido igual o menor al mismo período del año anterior. En un país con inflación interanual de 50 %, una empresa tuvo que haber sufrido una caída real de sus ventas de 33 % o más para calificar.
Según los datos oficiales, se presentaron para participar del programa alrededor de 420.000 empresas, pero solo 180.000 fueron validadas, es decir, menos de la mitad. Esto se debe a la firmeza de los requisitos, que fueron criticados por gran parte del sector.
"Debería corregirse por inflación esto para permitir que acceda la mayoría de los que se han anotado, que yo creo que lo han hecho porque realmente lo necesitan. Podemos mirar esto como un indicador muy fuerte de necesidades que marcan cómo son los niveles de afectación", comentó Ponce.
El economista y dirigente político calculó a grandes rasgos que, en términos comerciales y debido a las restricciones de la cuarentena, 30 % de las pymes no tiene posibilidad de vender ni generar ingresos, 60 % les ha ido muy mal y solamente 10 % han podido mantener la actividad por estar vinculadas a la industria de productos o servicios esenciales.
"La queja mayor de las pymes es que todavía la AFIP [Administración Federal de Ingresos Públicos] no ha postergado los vencimientos de muchos impuestos vigentes; cobrar hoy impuesto a las ganancias cuando no hay ganancia alguna sería cómico si no fuera trágico", sentenció.
Según datos de la AFIP a diciembre de 2019, existe un total de 544.200 empleadores en Argentina. Se calcula que casi 98 % son pymes y representan hasta 70 % de la fuerza laboral.
