"DBRS confirmó que la calificación para Uruguay es BBB (baja) (...) la tendencia en todas las clasificaciones es estable (...) El entorno político se caracteriza por instituciones públicas de alta calidad, bajos niveles de corrupción y previsible política macroeconómica, todo lo cual constituye una fuente importante de fortaleza crediticia", dijo la calificadora en un comunicado difundido por la Presidencia.
La calificadora sostuvo que se espera que la actividad del país se acelere en 2020 y 2021 gracias a una "gran inversión" en el sector de celulosa y papel de unos 3.000 millones de dólares por la empresa finlandesa UPM, así como un mayor gasto en proyectos de infraestructura.
"Las liquidaciones en poder del Gobierno central ascendieron a 1.300 millones de dólares en septiembre de 2019. Esto se complementa con otros 2.200 millones de dólares en líneas de crédito contingente de organizaciones multilaterales. En conjunto, los recursos disponibles superan los 3.300 millones de dólares en necesidades de servicio de la deuda para 2020", agregó.
Por otro lado, DBRS insistió en que es necesario que Uruguay gestione su deuda pública y afirmó que la Administración entrante de Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, centroderecha), quien asumirá funciones el 1 de marzo, deberá "endurecer" la reforma fiscal y aprobar la reforma de pensiones.
Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita, sus bajos niveles de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de indigencia, según el Banco Mundial.
Sin embargo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings dijo en diciembre que el mayor desafío que enfrentará el nuevo Gobierno de Uruguay será reducir el abultado déficit fiscal en medio de un bajo crecimiento.
