No obstante, esta decisión impopular encontró resistencias en la población, con la objeción inicial de los colectivos de estudiantes universitarios, que tomaron las calles para exigir que se revirtiese el aumento, explicó a Sputnik Marco Antonio Gandásegui, profesor de sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos 'Justo Arosemena'.
"El 18 de julio hubo una manifestación muy grande de todos los sectores, también de las capas medias, quienes marcharon desde un punto de encuentro la ciudad hasta la Asamblea Nacional, donde manifestaron su descontento", dijo el experto.
A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, el movimiento de protesta en Panamá es "legítimamente popular" y "no está financiado" ni arengado por la embajada de EEUU, que apoya al Gobierno del país.
La multitudinaria manifestación se dio incluso cuando el Gobierno reculó en sus intenciones de subir las tarifas y puso en suspenso el decreto por el que se disponía a hacerlo, "esperando que con esa decisión se detuvieran las protestas, cosa que no ocurrió", puntualizó Gandásegui.
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Los aumentos del 8% en las boletas iban a afectar al 50% de la población, pues el resto tiene tarifas "muy bajas", que no eran el objetivo de los lineamientos gubernamentales. No obstante, trabajadores y estudiantes sostienen que "los comerciantes y productores van a transferir el alza de sus tarifas a los consumidores".
"Estos, en su gran mayoría constituyen la población de menores recursos en Panamá, entonces indirectamente va a ser la población más pobre del país la que va a pagar esos incrementos en las tarifas de electricidad", aseveró.
Tras las marchas del 18 de julio, no está claro cómo seguirán los reclamos de la sociedad civil organizada y los sectores populares, que exigen al Gobierno ir más allá de la mera suspensión del decreto y derogarlo, indicó el experto.
De momento, además de suspender los aumentos en las tarifas, el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para aumentar su margen de maniobra fiscal en 300 millones de dólares. De ese dinero, 60 millones serían destinados para absorber el incremento en las facturas de los consumidores.
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No está claro si este pedido será exitoso, pues en el Parlamento, el Gobierno no cuenta con una mayoría que le permita llevar adelante sus pretensiones sin el apoyo de la oposición. En buena medida, el polémico aumento se explica por el retraso en la culminación de la Tercera Línea de Transmisión, prevista inicialmente para 2014 pero que se aplazó hasta 2017.
Según consigna el diario La Estrella de Panamá, el contralor general de la República, Federico Humbert, consideró que el retraso fue una "negligencia" y puede significar 129 millones de dólares para las arcas públicas.
