"Las autoridades fnancieras advierten a las entidades que operen al amparo de la legislación financiera mexicana sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela, reputados como inválidos por los organismos internacionales y en consistencia con la Declaración de Lima", firmada el 8 de agosto de 2017 y ratificada el 21 de mayo pasado por gobiernos de 14 países, entre ellos México.
El documento conjunto, titulado "Aviso a las entidades financieras respecto a las operaciones celebradas con la República de Venezuela", reseña que el 8 de agosto de 2017, los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la capital peruana para "explorar cómo contribuir a la restauración de la democracia a través de una solución pacífica y negociada", emitieron la Declaración de Lima.
En aquella ocasión, expresaron, entre otros asuntos, "que los actos jurídicos que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela requieran autorización de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado".
En 2017 la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "se pronunciaron sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, por ser una alteración del orden constitucional de ese país", elegida el 30 de julio de 2017 por el oficialismo, sin participación de la oposición.
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El documento reseña que México y Perú solicitaron la opinión al Consejo General de la Organización Estados Americanos (OEA) sobre la invalidez de los actos llevados a cabo por la Asamblea Constituyente de Venezuela, que sustituyó a la Asamblea Nacional.
Dicha consulta fue ampliada para "verificar la validez de diversos actos que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional", título de parlamento unicameral, abolido por la Constituyente.
Operaciones financieras invalidadas
Esos actos que serían invalidados son: "la expedición de leyes concernientes al presupuesto nacional, endeudamiento anual y crédito público; la autorización de créditos adicionales al presupuesto nacional; la celebración de contratos de interés nacional por parte del Ejecutivo Nacional, estatal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela".
En su respuesta de abril de 2018, la Secretaría General de la OEA, expresó que sobre los primeros tres consultados, "corresponden aprobarlos a la Asamblea Nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela adoptada en 1999 y enmendada en 2009".
Respecto del "estado de excepción", ese organismo de la OEA estimó que "no está en vigencia por haber sido expresamente rechazado por la Asamblea Nacional conforme a las competencias constitucionales y legales establecidas".
El 21 de mayo recién pasado, tras las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo pasado, los gobiernos de los 14 países "reiteraron el pronunciamiento respecto de los actos jurídicos que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, contenido en la Declaración de Lima".
Al mismo tiempo, acordaron que las autoridades competentes de cada país, emitieran "circulares o boletines a nivel nacional que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior –incluido bienes militares y de seguridad".
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Finalmente las autoridades mexicanas anuncian que "se encuentran evaluando las medidas que habrán de adoptar respecto de aquellas entidades que tengan o celebren operaciones con las características señaladas", puntualiza el texto.
En ese marco, el canciller Luis Videgaray dijo el 21 de mayo pasado que el Gobierno de México "no reconoce la legitimidad de las elecciones por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar la voluntad popular".
El grupo de países del continente americano también rechazó los comicios del 20 de mayo, donde el presidente Nicolás Maduro se reeligió para otro periodo al frente del país.
