"Venezuela está en medio de un asunto espinoso, porque sin un plan económico creíble no hay cómo refinanciar la deuda; además, el principal problema es que tiene sanciones financieras y la jurisdicción de la mayoría de los bonos está en Nueva York, y tienen prohibido financiarse ahí", indicó el doctor en economía de la Universidad de Oxford.
Las sanciones no solo se aplican a la principal industria del país caribeño y su capital, también alcanzan al presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Tareck El Aissami y a otros altos cargos del Gobierno, como el director del Tesoro Nacional, Erik Malpica Flores, y el ministro de Economía, Simón Zerpa.
La comisión de reestructuración de la deuda está encabezada por El Aissami, quien también está sancionado por EEUU.
Las medidas contra estos funcionarios, además de congelar sus bienes y cuentas en Estados Unidos, prohíben a cualquier empresa o ciudadano de esa nación a hacer negocios con ellos.
Cita en Caracas
A la cita confirmaron su asistencia 414 acreedores, lo que se traduce en 91% de los tenedores de bonos, informó Maduro.
Ochoa, en cambio, cree que esta reunión no llevará a una renegociación de la deuda, "porque se debe presentar un plan económico de recuperación creíble y eso es muy difícil".
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A juicio del especialista, este encuentro es una prueba para verificar si le está permitido tanto al Gobierno como a sus funcionarios sancionados conversar.
"Lo que no está claro en las sanciones es si le prohíban hablar con los tenedores, por eso es que pueden ir a hablar, creo que están verificando si pueden al menos hablar", agregó el especialista.
Sin embargo, antes de esta reunión, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a los tenedores de estos bonos, y les indicó que renegociar la deuda venezolana puede conllevar castigos severos.
De acuerdo con el Departamento de Estado de EEUU, la pena para quien viole esta normativa puede incluir 30 años en prisión y multas de hasta 10 millones de dólares.
Dificultades para reesctruturar
En los últimos años, los "escándalos de corrupción", de altos funcionarios presuntamente implicados en situaciones ilícitas, y la caída involuntaria de la producción de petróleo le han restado credibilidad o viabilidad al posible plan de recuperación que pueda presentar el Gobierno a sus acreedores para un refinanciamiento o reestructuración, aseguró el experto.
"Ambas opciones deben tener algo que en el chavismo es muy difícil, un plan económico creíble que vaya más allá de populismo y cuento, un plan de recuperación", acotó.
En el caso de una reestructuración, el Gobierno debe admitir que no tiene cómo pagar, y "es menos voluntario", pues se invita a sus acreedores a negociar un cambio de términos, pide más capital, una reducción de cupones y un lapso sin pagar.
"Teniendo una economía entrando en hiperinflación, la producción petrolera está cayendo 10% al año, y con eso es que se paga, vendiendo petróleo. ¿Cómo se da una refinanciación a futuro, si en dos años se va estar produciendo 20% menos?", cuestionó Ochoa.
¿A quiénes le debe Venezuela?
Maduro indicó que el 74% de los acreedores son estadounidenses y canadienses, y la firma Econoanalítica indica que el restante se concentra entre venezolanos y europeos.
En este momento, Ochoa solo ve viable que el Gobierno venezolano alcance a negociar con los tenedores locales, que rondan del 30%.
A las puertas del "default"
Venezuela está a las puertas de un "default" (cese de pagos), afirmó Ochoa.
"Como todos sabíamos, las cuentas no dan para pagar en 2018", y si esto ocurre los tenedores podrían tomar acciones legales, porque si uno no acepta negociar y el Gobierno le paga, el resto tendría el derecho de exigir su pago.
Con unas reservas de 10.000 millones de dólares y sin capacidad de financiamiento, Venezuela tiene que pagar unos 8.000 millones en 2018.
"Si se cae en default, entonces ellos (los tenedores de bonos) van a pasar a tomar acciones legales, para incautar los ingresos petroleros, buques, como pasó con Argentina en 2014; es un asunto muy complejo", expuso.
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Además, la reestructuración o el refinanciamiento de la deuda venezolana, de acuerdo a la Constitución vigente en Venezuela, requiere aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, para que tenga validez.
Desde mediados de 2016 la Asamblea está inhabilitada, debido a una sentencia de desacato emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por desconocimiento de sus decisiones.
No obstante, desde que se creó el pasado 30 de julio la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por el sector oficialista, ante la negativa de la oposición a participar en el proceso electoral, ha sido esta la encargada de tomar las decisiones del parlamento.
Sin embargo, la Constituyente es desconocida por gran parte de la comunidad internacional y su creación originó la mayoría de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra Venezuela.
Para Ochoa, la única salida a esta crisis es un diálogo serio que conlleve a una negociación entre el Gobierno y la oposición, que permita un cambio de esquema económico en este país caribeño.
