"Para los expertos del Consejo General de Economistas, después de realizar los necesarios ajustes por las simetrías y duplicidades, la pérdida de recaudación podría rondar —con todas las cautelas— los 26.000 millones de euros", comunicó la organización, que destacó las dificultades para calcular la magnitud del problema.
Además, prosiguió Pich, en el fraude fiscal intervienen otros elementos "más tangibles" como "la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos".
El estudio presentado este 15 de junio por el Consejo General de Economistas formula una serie de recomendaciones para mejorar la lucha contra el fraude.
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Entre ellas destacan propuestas como intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de forma especial a los nuevos empresarios o intensificar la relación cooperativa.
