"Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal", dijo Rosselló en conferencia de prensa en La Fortaleza (sede de Gobierno), según consigna el diario Primera Hora.
El gobernador garantizó su compromiso de hacer frente a las obligaciones del Ejecutivo, pero dijo que actuó priorizando el interés de los ciudadanos.
"Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores (…) No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño", dijo Rosselló.
En total, la deuda pública de Puerto Rico se estima en unos 70.000 millones de dólares.
El Gobierno se amparó en el Título III de la Ley Promesa luego de que el lunes expirara el llamado "stay" o suspensión contra los litigios, que protegía a la isla de cualquier demanda presentada por sus acreedores exigiendo el pago de la deuda, según El Nuevo Día.
En virtud de la Ley Promesa, aprobada el 30 de junio del pasado año por el Senado de EEUU, la JSF tiene bajo su tutela las finanzas de Puerto Rico, que no es un país independiente sino un Estado Libre Asociado de EEUU.
La junta, nombrada desde Washington, tiene potestad para poner en marcha un plan de austeridad, reformar la legislación de Puerto Rico y ajustar sus prioridades económicas.
Está previsto que la JSF funcionará hasta que la isla cumpla cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
