La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) "no ha dado prioridad al caso por el que la ciudadanía salió a las calles a protestar y es el mega-latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el que fallecieron miles de personas", dijo la diputada Doris Gutiérrez, del opositor Partido Innovación Nacional y Unidad.
Asimismo, consideró como un "buen avance" la contribución de la Maccih en la selección de los jueces y magistrados anticorrupción.
El escándalo del IHSS revelado en 2015 fue un desfalco de 350 millones de dólares, que involucra al gobernante Partido Nacional (conservador).
A raíz de este desfalco, el sistema del IHSS colapsó y se produjo un desabastecimiento de medicamentos y retrasos en la programación de operaciones y otros servicios médicos, lo que causó la muerte a cerca de 3.000 pacientes.
Miles de personas salieron entonces a las calles para protestar en todo el país contra la corrupción y la impunidad.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció en septiembre de 2015 la creación de la Maccih como respuesta al pedido formulado por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández para intentar aplacar esas protestas masivas que habían comenzado en mayo.
Logros
La misión inició sus operaciones en abril de este año y a principios de diciembre presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe de su primer semestre de trabajo, donde destacó la puesta en práctica de varias reformas estructurales.
"Es mucho lo que se ha logrado en estos seis meses en materia de preparar una plataforma jurídico legal que facilite las investigaciones y el castigo a los culpables de delitos de corrupción; hacia allá vamos ahora", señaló en un comunicado el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, en la presentación del informe.
Entre esos logros, Honduras aprobó la jurisdicción nacional anticorrupción "para juzgar a los corruptos a través de un nuevo sistema de jueces independientes de ámbito nacional que tendrán seguridad, mejores sueldos y que no son seleccionados por los partidos políticos", sino por un comité del que participa la Maccih.
Respecto del caso del seguro social, la Maccih también señaló en su informe que "se inició el trabajo de investigaciones", de forma que existen 15 casos judicializados y 47 investigaciones pendientes que aún no llegaron al Poder Judicial.
Asimismo señaló que hay cuatro personas condenadas, mientras 10 se encuentran prófugas.
En ese aspecto, la diputada Gutiérrez sostuvo que "en presencia de la Maccih se ha dado sobreseimiento definitivo" a personas vinculadas al fraude del seguro social.
El Congreso Nacional "los nombró a través de una negociación política" sin informar sobre los criterios de selección ni sobre las calificaciones asignadas a los postulantes, dijo la diputada.
También ante los ojos de la misión de la OEA se nombró a una Corte Suprema de Justicia producto de una negociación política entre liberales y nacionalistas, "habiendo trascendido la compra de votos para obtener la mayoría calificada", denunció la legisladora.
Por su parte, el diputado opositor Luis Redondo, del Partido Anticorrupción, señaló que la Maccih "es simplemente el resultado de una decisión del presidente Hernández con la parte política de la OEA" y que no tiene posibilidades de cambiar la realidad de Honduras.
"Mientras la Maccih no lleve a la cárcel a los grandes corruptos, empresarios y políticos, no cambiará la situación" del país, indicó Redondo.
En su opinión, la corrupción debería ser perseguida de la misma manera que el narcotráfico y el terrorismo.
"De lo contrario, seguirá asesinando silenciosamente", añadió.
Según Redondo, la Maccih pidió un informe a la policía y no lo recibió porque en Honduras existe la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, aprobada en 2014.
La misión anticorrupción de la OEA se creó para hacer creer al pueblo "que se hace algo" cuando en realidad "vivimos en la impunidad", insistió.
La Maccih tiene un mandato de cuatro años, en virtud del convenio firmado entre la OEA y el Gobierno de Honduras, y su funcionamiento se financia con aportes de la comunidad internacional.
Cualquiera de las dos partes puede darle fin al convenio con un preaviso de 60 días.
