"Vamos a plantear una resolución que genere un tope del 400 por ciento a la factura, retroactivo al 1 de abril", dijo el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, en un mensaje transmitido por el canal de YouTube del Gobierno.
Argentina exportaba gas hace más de 10 años, mientras que ahora lo importa, destacó el funcionario. Ese faltante se suple con compras de hasta un 40 por ciento, "pero llegó a un límite, no podemos importar más", señaló el ministro.
La drástica caída de las temperaturas en abril y mayo, reconoció el funcionario, dio lugar a que se consumiera un 50 por ciento más de gas que en la misma época del año pasado.
Los sectores más pudientes, por otro lado, consumen 20 veces más que los sectores más humildes, "lo que genera tensiones en cómo se distribuye el gas y cuánto pagamos", añadió Peña, acompañado de los ministros Juan José Aranguren, de Energía y Minería, y Germán Garavano, de Justicia.
El jefe de gabinete también anunció que el Gobierno extenderá la llamada tarifa social a 300.000 personas más para el servicio de electricidad, y estudiará si la implementa también en el caso del gas.
El Ejecutivo presentará además un recurso extraordinario para que no se aplique la resolución judicial que el jueves suspendió los aumentos, "dado que el fallo judicial suspendió la aplicación de la tarifa social en Argentina al retrotraer (los precios) al cuadro tarifario del fin de marzo", añadió Peña.
El Gobierno tomó esta decisión tras una reunión que por la mañana sostuvieron el presidente Mauricio Macri y el ministro Aranguren.
Ante el descontento social que habían provocado los aumentos en el precio del gas, que comenzaron a regir desde el pasado mes de abril, el Gobierno había anunciado en junio un incremento máximo del 400 por ciento para los hogares sobre el precio del metro cúbico de gas consumido, y del 500 por ciento para los comercios, pero no sobre el total de la factura.
En los últimos días algunos consumidores recibieron facturas con aumentos de hasta el 1.000 por ciento en algunos casos.
El anuncio del Gobierno se produce un día antes de la reunión ordinaria que celebrará la Corte Suprema de Justicia, antes de las vacaciones del invierno austral, para decidir si interviene o no en la controversia sobre las tarifas de los servicios públicos.
No habrá una resolución de fondo de los cuatro magistrados que integran el máximo tribunal del país, según advirtieron a Sputnik Nóvosti fuentes judiciales. La Corte no dictaminará si son válidos o no los aumentos, pero quizás podría adoptar alguna medida de transición o de tipo procesal.
Los costos de la electricidad, del agua y del gas se mantuvieron artificialmente bajos en el área metropolitana de la ciudad y la provincia de Buenos Aires durante la última década a raíz de los subsidios al consumo que implementaron los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a partir de una ley de emergencia económica de 2002.
Con el nuevo Gobierno que asumió el diciembre de 2015, los bruscos aumentos en los servicios públicos se sumaron a la devaluación de hasta un 40 por ciento que sufrió la moneda local después de que a finales de ese año se levantaran las restricciones cambiarias.
Nueve de los 24 distritos del país habían conseguido en las últimas semanas paralizar en los juzgados los aumentos del gas.
El jueves, la Cámara Federal de la ciudad bonaerense de La Plata (este) hizo extensiva esa medida al resto del país al declarar nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que autorizaban la subida del gas.
