"La decisión del día de ayer (por el lunes) del Tribunal Supremo fue una decisión un poco decepcionante, nosotros esperábamos, sinceramente, que el caso se decidiera a favor", dijo Acosta Febo en declaraciones a la radio NotiUno, citadas por El Vocero.
"Legalmente, entendemos que nos asiste la razón, y aquellos que estuvimos en la vista del Tribunal Supremo, sabemos que la vista fue bien positiva para Puerto Rico, por lo menos, cuatro de los jueces que estaban allí, hablaron bastante positivo, pero no fue así el resultado", se lamentó la presidenta del BGF.
Cinco votos contra dos
Según Acosta Febo la ley de Quiebra Criolla se reglamentó en 2014 para hacer frente a un vencimiento de 700 millones de dólares que tenía que abonar la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Prepa, por sus siglas en inglés).
"Aunque la legislación nunca se usó, porque ninguna corporación pública se acogió a ella, sí abrió el proceso que ya todos conocemos, de la reestructuración de la deuda de Prepa", recordó.
"El Congreso puede meterse y resolver la crisis de Puerto Rico, pero en el ínterin, el Gobierno y el pueblo de Puerto Rico no tiene que esperar por una posible acción congresional para evitar las consecuencias de tener electricidad poco confiable, transporte y agua segura, consecuencias que miembros del Ejecutivo y la Legislatura han descrito como 'una crisis humanitaria' inminente", dijo Sotomayor.
García Padilla pidió al Congreso de EEUU que permita a Puerto Rico ampararse en el Código de Quiebras federal para reestructurar su deuda, tal como sucede con otras jurisdicciones estadounidenses.
El Congreso se ha inclinado por una junta que tendría facultades de supervisión y control de gastos, así como de establecer las prioridades presupuestarias del país, por encima de su Gobierno.
