Esto significa que, si Argentina pierde el juicio, debería pagar no solo a los actuales demandantes, sino también a quienes no alcanzaron a cobrar tras la quiebra del grupo español.
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac), Carlos Gonella, presentó una denuncia ante la justicia, en la cual expresa que las partes habían presentado documentación apócrifa ante el Ciadi para apropiarse en forma ilícita de las sumas provenientes de una eventual indemnización en caso de que ese tribunal falle contra la Argentina.
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Bruford podría cobrar 1036,2 millones de dólares y la Argentina, que ya pagó una indemnización por la expropiación de Aerolíneas, podría ser obligada a pagar por segunda vez.
Gonella explicó que Marsans inició la demanda contra el Estado nacional por 1036,2 millones de dólares por una supuesta violación del acuerdo bilateral de inversiones entre Argentina y España, pero a la fecha esta cifra se eleva a unos 1600 millones. “Acciona contra el Estado y transfiere el derecho litigioso al fondo buitre Burford a través de un convenio que pierde todo efecto cuando estas empresas españolas se presentan en quiebra en España. Por lo tanto, consideramos que se han falseados instrumentos públicos en el marco del Ciadi y es un elemento de prueba que de manera fraudulenta quisieron perjudicar al país”, alertó el fiscal.
