A juicio de Llorenti, "el hecho de que este tema en particular se trate en la Asamblea General es una llamada de atención muy, muy seria para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se actualice, se modernice, se democratice".
Llorenti agregó desde Nueva York que "un grupo de países manifestó estar en contra de este proceso": "En la primera votación 11 países estuvieron en contra, la razón era muy obvia, su argumentación era que el foro adecuado para debatir estos temas no es la Asamblea General, sino el FMI".
"Pero la razón fundamental estaba enmarcada en que esos 11 países, que representan aproximadamente siete por ciento de votos en la Asamblea General, representan el 40 por ciento de votos en el FMI", dijo Llorenti.
El mecanismo busca proteger a los estados del "ataque" de fondos buitres como los que han litigado recientemente a Argentina en tribunales de EEUU, empujándola a declararse en default técnico.
Entre sus nueve principios se establece que los Estados tienen inmunidad soberana frente a cualquier tribunal nacional extranjero en lo concerniente a la reestructuración de sus deudas y las excepciones solamente pueden interpretarse de forma restrictiva.
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"No se puede entender este proceso sin el aporte argentino, la situación de Argentina le ha abierto los ojos al mundo y ha acicateado este proceso", opinó Llorenti.
Observó asimismo que "no puede ser que los países en su derecho interno tengan normas sobre bancarrota o le pongan límites a la usura y en el escenario multilateral no existan esos límites, y que los fondos buitre, que lo único que hacen es mover papeles y hacer juicio a los Estados, tengan ganancias de 300, 400, 500 por ciento sin haber hecho ningún tipo de inversión ni préstamo solamente realizando acciones especulativas".
"Ha sido una negociación muy difícil", pero hoy vemos "el resultado del trabajo de más de un año", valoró Llorenti.
Cuando Bolivia "presidía el Grupo de los 77 (países en desarrollo) el año pasado, planteó el tema a la Asamblea General, junto a Argentina, y este año Bolivia ha presidido el comité especial sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana", explicó el diplomático.
Los principios "que van a ser votados se van a constituir en un hito histórico, no solo en el marco del tratamiento de la deuda externa en la ONU, sino, y sobre todo, por la necesaria revitalización de la Asamblea General, que es el órgano más democrático del sistema, y también por la necesidad de crear contrapesos al Fondo Monetario Internacional en este tema", añadió.
La reacción en contra del mecanismo, indicó el embajador boliviano, "sí es un tema de intereses, porque aquellos países acreedores que se benefician de un sistema financiero adicto a la deuda, por supuesto (que) no quieren regulación".
"Sin embargo existen otros, como los países en desarrollo y no solo estos, como lo demuestra la crisis en Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, Islandia, solo para mencionar algunos", que tienen especial interés en este mecanismo.
Derechos versus especulación
A juicio del diplomático "lo que ha desnudado esta crisis (de Grecia) es que la deuda puede afectar a países desarrollados o en desarrollo y que esa situación ha puesto en debate cuáles son las maneras de resolver estos temas".
"En lo particular, y así lo señalan los principios, creemos que son los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, los que tienen que estar en primera línea y no los intereses de los bancos y de los fondos especulativos", criticó.
El resto de los principios de este mecanismo establecen que los Estados tienen derecho a reestructurar sus deudas; las partes (deudores y acreedores) deben actuar de buena fe; los actores deben guiarse por la transparencia y la rendición de cuentas; los organismos concernidos en la reestructuración deben actuar con imparcialidad e independencia; y los acreedores tienen derecho a recibir un tratamiento equitativo.
Otros principios son el de legitimidad: las instituciones vinculadas a la reestructuración de deudas deben actuar con inclusión y respeto por la ley; y el de sostenibilidad: las reestructuraciones deben completarse de manera de asegurar la estabilidad del Estado deudor y promover el desarrollo, además de respetar los derechos del acreedor.
El noveno principio establece que un acuerdo de reestructuración de deuda aceptado por una mayoría calificada de acreedores no puede ser desconocido ni desafiado por otros Estados ni por una minoría no representativa de acreedores.
