"El TEDH no pudo proporcionar un razonamiento jurídico para eliminar las dudas sobre la equidad e imparcialidad de la decisión tomada", dijo en una conferencia internacional.
Matiushkin indicó que el TEDH ignoró la deuda pendiente de Yukos, de 227.000 millones de rublos (unos 4.000 millones de dólares).
Señaló que "se presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional de Rusia, que plantea la cuestión de la admisibilidad de la ejecución en el sistema jurídico de Rusia de la decisión del TEDH, que contradice la Constitución de Rusia y actos de la Corte Constitucional".
"Las acciones ulteriores de las autoridades de Rusia se basarán en la posición del Corte Constitucional después de considerar esta apelación", dijo.
El TEDH, organismo que monitoriza el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos, obligó con anterioridad a Rusia a pagar a los accionistas de Yukos unos 1.900 millones de euros por la violación de derechos a la protección judicial y a un juicio imparcial.
En 2003, las autoridades rusas imputaron evasión fiscal y otros delitos económicos a los dueños de la entonces mayor petrolera del país, entre ellos el magnate Mijaíl Jodorkovski.
Posteriormente Yukos se declaró en quiebra y sus activos fueron adquiridos por la empresa pública Rosneft.
