China empieza hoy una ambiciosa auditoría de ámbito nacional sobre las ventas de tierras de los gobiernos locales en los últimos años. El asunto ha provocado múltiples protestas populares en los últimos años por manejarse a menudo con prácticas corruptas y vulnerando los derechos de los campesinos.
La Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas inglesas) enviará a 18 equipos de investigadores bajo la supervisión del Consejo de Estado para estudiar todas las ventas y confiscaciones de terrenos entre 2008 y 2013.
"El volumen de los beneficios por la venta de tierras es enorme y las auditorías anteriores de pequeña escala no servían para darle al Gobierno un entendimiento absoluto de la situación", ha dicho Ye Qing, vicedirector de la Oficina de Estadística de la provincia de Hubei, al diario Global Times. La finalidad de la campaña es revelar los casos de corrupción, según la NAO.
Los gobiernos locales recurren cada vez más a la venta de tierras para pagar sus deudas. Los ingresos públicos por ese concepto se han disparado un 45% en este último año, según fuentes oficiales. "Constituyen la mayor fuente de ingresos de los gobiernos locales, especialmente en las ciudades de tercer o cuarto nivel, donde suponen hasta el 70% del total", ha señalado Chang Qing, un experto inmobiliario a la prensa local.
Es habitual que transfieran sus terrenos agrícolas a empresarios para la construcción de viviendas o infraestructuras y que los campesinos cobren indemnizaciones inferiores a las legales o que no cobren ninguna. Pekín, que veía con preocupación las crecientes protestas de campesinos, anunció el pasado año que implantaría controles más severos en el sector. Los funcionarios investigarán la construcción ilegal en terrenos agrícolas, el incumplimiento de impuestos y procedimientos legales o las indemnizaciones insuficientes.
La venta de tierras para la construcción agudiza también el problema del autoabastecimiento que ha provocado el rápido proceso de industrialización y urbanización. China ha establecido en 1,8 mil millones de mu (unos 120 millones de hectáreas) la superficie imprescindible para alimentar al país.
