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    TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS PARA JUZGAR A LAS TRANSNACIONALES

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    João Pedro Stedile

    El mes pasado participé en Viena, Austria, en diversas actividades de los movimientos sociales latinoamericanos y europeos, paralelas a la reunión de la Cumbre de Presidentes de nuestros países. Entre ellas, la más importante, fue la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una institución organizada por la Fundación Lelio Basso de Roma, que se propone juzgar la acción de las transnacionales europeas en América Latina. Ese Tribunal tiene una reputación muy grande en todo el mundo, sobre todo a partir de su participación en los juicios de los crímenes de guerra cometidos en Vietnam y de los crímenes de las dictaduras en el Cono Sur en los años 70.

    Ahora, estimulado por los movimientos sociales de Europa y Latinoamérica, el Tribunal, aceptó la demanda de analizar, investigar y juzgar, lo que consideramos crímenes económicos y sociales practicados por empresas de capital europeo en su explotación incontrolable en América Latina.

    Hay una evaluación generalizada de todos movimientos y expertos del ramo, de que, en los últimos quince años el modelo neoliberal representó la consolidación de un nuevo patrón de acumulación del capital controlado por el capital financiero e internacional. Y que eso sirvió para instaurar una hegemonía política y militar por parte del Gobierno estadounidense y de sus capitales. Pero que, también, abrió espacio para el fortalecimiento del imperialismo económico, por parte de grandes empresas europeas, que unificadas por el capital financiero en nuevos grupos y conglomerados, pasaron a controlar diversos sectores de la economía latinoamericana. Dominan el comercio de materias primas, la producción de celulosa, el sector de servicios (agua, transportes, telefonía) y sobre todo el sistema financiero latinoamericano. Es decir, América Latina está sufriendo una re-colonización económica, ya no por la manu militari del colonialismo, sino ahora, por la fuerza financiera de sus grupos.

    Ese fue el telón de fondo de la necesidad del Tribunal. Y para explicar cómo esto viene desarrollándose, se presentaron denuncias sobre los métodos de superexplotación de la mano de obra, de la degradación irresponsable de la naturaleza, del control del Estado -que es usado sólo como represor e instrumento de transferencia de la plusvalía social a esas empresas- y de la manipulación que hacen de la prensa, en casi todos los países de América latina.

    Para ilustrar esta denuncia general, cada país latinoamericano presentó casos concretos contra empresas transnacionales europeas y su forma de explotación. Así, por ejemplo, se presentaron pruebas contra la empresa de agua francesa Suez, contra diversas petroleras que actúan en Bolivia, Ecuador y Colombia perjudicando a los pueblos indígenas, contra la British American Tobacco (que aquí aparece como Souza Cruz).

    Y en el sector agroalimentario, hay una decena de empresas transnacionales europeas que están actuando prácticamente en todo el continente, usando todos los métodos posibles, sin ninguna responsabilidad social, con el único objetivo de aumentar, a cualquier costo, sus tasas de ganancia. Se presentaron, además, denuncias de diversos países, contra, por ejemplo, las actividades de Bayer en Perú, contra la Unilever y Bungue, que controlan el comercio de la soja, etc.

    El caso de las celulosas o papeleras

    En el caso de la celulosa se presentaron denuncias contra las cuatro principales empresas nórdico-españolas que hoy actúan en el Cono Sur del continente, que imponen las plantaciones industriales de eucalipto y controlan más del 80% de todo el mercado mundial de celulosa. Ellas son: la Botnia (Finlandesa), Ence (española) Lorentzen, (grupo noruego propietario de Aracruz) y la Stora Enso (sueca).

    Se denunció cómo todas ellas usan los mismos métodos. Se asocian con grupos nacionales, como aquí en Brasil con la Votorantim. No hacen inversiones de su capital, sino que utilizan el ahorro nacional, como en nuestro caso, usando financiamientos del BNDES y del Banco do Brasil, para instalar sus fábricas y plantar sus bosques. Controlan el mercado de forma oligopólica, pues construyen fabricas asociándose. Es decir, desaparece cualquier posibilidad de competencia entre ellas. Aquí en Brasil, las tres son socias, por ejemplo en el caso de la Veracel, instalada en el sur de Bahía. Y serán socias en una nueva fábrica proyectada para Río Grande del Sur. Compran grandes extensiones de tierra. En el caso uruguayo, se denunció que ya son dueñas del 17% del territorio nacional, afectando inclusive la soberanía nacional. En el caso brasileño, más preocupadas por la opinión pública, crearon empresas fantasmas, registradas como brasileñas, para no llamar la atención, pero usando su capital ya compraron más de 200 mil hectáreas en el sur de Bahía, pertenecientes a las últimas reservas de la floresta atlántica, y más de 300 mil hectáreas de la frágil bioma de las pampas, en Río Grande del Sur. Operan también, en escandalosa promiscuidad, con los gobiernos locales, financiando las campañas de los políticos, a quienes después les exigen fidelidad para sus proyectos y que les liberen del cumplimiento de las leyes ambientales, que en sus países de origen son rigurosamente aplicadas. Financian la prensa local, con voluminosos subsidios de publicidad para que hagan descarada propaganda en su defensa.

    Escuchando las denuncias sobre el modus operandi de estas empresas en Uruguay, Argentina, España, y aquí, en Bahía, Espíritu Santo y Río Grande del Sur, fue impresionante constatar las semejanzas existentes, como si aplicaran un manual único por todas ellas, en todos los lugares.

    Todo esto para implantar el monocultivo industrial del eucalipto que se desarrolla más rápido en estas regiones, por la elevada incidencia de lluvia y sol, o, en el caso del Cono Sur, con el propósito de acceder a las reservas subterráneas del acuífero guaraní.

    Ellas entran con la tecnología, con el control del mercado comprador europeo-americano, y obtienen enormes ganancias. Y nos dejan la pobreza, el desempleo, la contaminación, la degradación del medio ambiente, la reducción del agua subterránea, tierras inservibles para la agricultura, alteración del clima y la contaminación de las aguas por el uso intensivo de la soda cáustica para transformar la madera en pasta de celulosa, y el dióxido de cloro, para el blanqueo del papel, que genera toxinas cancerígenas que permanecen en el agua utilizada.

    Comentaristas de prensa, incautos o financiados, se apresuran a defenderlas porque el papel sería símbolo de desarrollo, de libros, periódicos... Pura mentira. Consta en los balances internacionales: el 80% de toda producción de celulosa es destinada a la producción de envases para las grandes empresas; el 18%, para papeles higiénicos, en especial toallas desechables y no reciclables. Y sólo el 2% se destina a libros y periódicos. Allá, se presentó una estadística de que no hay ninguna relación entre el consumo per cápita de papel, con el nivel de alfabetización y cultura. Vietnam, Kenia e Indonesia tienen índices de más del 90% de alfabetización y consumen sólo 5 kilos de papel per cápita/año. Brasil tiene el 85% de alfabetización, una fuerte industria gráfica y consume 36 kilos de papel per cápita/año. ¡En Europa y Estados Unidos el consumo per cápita varía de 250 a 400 kilos de papel por año! Es decir, el papel está vinculado a patrones de consumismo, de lujo, desechables, extravagantes, irresponsables, que el neoliberalismo está imponiendo en los países desarrollados. No tiene nada que ver con la cultura, los libros y los periódicos.

    Próximos pasos

    Ahora, los jurados, todos científicos e investigadores de renombre internacional, con las denuncias en sus manos, ampliarán sus investigaciones y buscarán más datos. Durante el año de 2007, se realizarán sesiones en los países dónde actúan las empresas, con el propósito de escuchar más declaraciones de las poblaciones que se sienten afectadas y de diversas entidades representativas de la sociedad.

    Y está previsto, para marzo de 2008, en Lima Perú, durante la próxima Cumbre de los Presidentes europeo-latinoamericanos, la sesión del juicio final de las empresas denunciadas, con las debidas recomendaciones de medidas que los gobiernos, los parlamentos y los pueblos deben tomar, para protegerse de la expoliación neocolonial.

    Entre tanto, se espera que los movimientos sociales de cada país afectado continúen luchando, se movilicen de todas las formas para hacer frente a esa saña, insana, de media docena de capitalistas, que quieren someter nuestra naturaleza y nuestra sociedad a los afanes del lucro.

    João Pedro Stedile

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