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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La justicia mexicana ha concedido las peticiones de amparo judicial presentadas por organizaciones ambientalistas contra el Programa Sectorial de Energía, impulsado por el Gobierno, que privilegia el uso de combustibles fósiles y amenaza con paralizar proyectos de generación de energía solar y eólica.

    Los amparos, presentados en forma separada por organizaciones como Greenpeace y Defensa Colectiva, suspenden la aplicación del programa energético 2020-2024, presentado en mayo, y que privilegiaba el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.

    "Aunque lo niega, en la práctica con sus decisiones el Gobierno está frenando el crecimiento de las energías renovables, porque aunque no quiera admitirlo, necesita quemar el combustóleo que generan sus refinerías y quiere privilegiar el uso de este combustóleo por encima de otras posibilidades más limpias", señaló a Sputnik el especialista Víctor Ramírez, doctor en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    México "ha tenido un crecimiento exponencial en su capacidad instalada de nuevas energías, particularmente eólica y solar, que tan solo entre 2015 a 2018 aumentaron en 1.800% (18 veces) en su capacidad de generación", añade el investigador, experto en temas sobre impacto ambiental y cambio climático.

    Ramírez señala que la decisión gubernamental de suspender la ejecución de los nuevos proyectos de energías renovables -medida que contempla el Programa Sectorial de Energía-, sorprendió no solamente a los empresarios del sector, que esperaban continuidad en los esfuerzos para generar más energía amigable; también resultó una sorpresa para los grupos ambientalistas, que consideran equivocado que el gobierno haga una apuesta por los combustibles fósiles.

    Los ecologistas demandantes incluyen al Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA, fundado en 1993 por un grupo de abogados interesados en el desarrollo, aplicación efectiva y mejoramiento del derecho ambiental, para la protección ecológica de los recursos naturales del país.

    Contra la energía de fuentes fósiles

    Ahora las decisiones judiciales marcan un nuevo derrotero, que obligará al Gobierno a negociar con los diferentes actores del sector, incluyendo a los empresarios y a los grupos de activistas sociales.

    "Buscamos que el gobierno recapacite y recuerde que tiene obligaciones constitucionales que cumplir, que orientan esa política a que sea sustentable y respetuosa con el medioambiente", señaló por su parte a Sputnik el asesor jurídico de Greenpeace México, Luis Miguel Cano.

    La organización ecologista internacional, fundada en 1971 en Canadá, considera que la política propuesta por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va en contravía de las tendencias mundiales que buscan privilegiar el uso de energía limpia, los aspectos de sustentabilidad de la Agenda 2030 y los Acuerdos de Paris de 2016, suscritos por el país latinoamericano.

    "Se trata de un claro mensaje de que la Secretaría de Energía debe revisar su política y dar más fuerza a las fuentes renovables, para colocar a México en una trayectoria de reducción de emisiones congruente con las metas climáticas", agregó Cano.

    México es signatario de la agenda para la década de la Organización de las Naciones Unidas, que privilegia los compromisos para cambiar la matriz energética hacia energías renovables, de manera que se pueda lograr un desarrollo sustentable.

    En la última década, por ejemplo, gracias al desarrollo de numerosos proyectos privados, el país ha conseguido una capacidad instalada de 6,6 megawatts, que corresponde al 8% de las necesidades energéticas del país.

    Estos proyectos podrían versen ahora afectados por el cambio en las reglas de juego.

    "Lo que esperamos es que el gobierno reformule el plan sectorial de energía, para que la apuesta primordial sea el acceso de las personas y las comunidades a las fuentes renovables, más allá de fortalecer a las empresas productivas del estado y por lo tanto hacer más fuerte al gobierno de turno, que es el que las controla", comentó el abogado de Greenpeace.

    El 9 de septiembre pasado, la organización obtuvo una segunda suspensión judicial provisional de la política energética como un claro mensaje a López Obrador que debe dar más fuerza a las fuentes renovables, "congruente con las metas climáticas, que además ayuden a reducir la pobreza energética".

    Los ambientalistas exigen al Estado mexicano implementar proyectos energéticos que abonen a combatir la corrupción y la emergencia climática, sin descuidar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

    Consideran que la política del Gobierno, que busca aumentar la producción petrolera y construye una nueva refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas por 8.000 millones de dólares, "apuesta el desarrollo nacional al empleo de combustibles fósiles, desvía recursos públicos para atender el cambio climático, condiciona la transición energética y el uso de energías renovables".

    El 1 de junio de 2020, las dos organizaciones ambientalistas obtuvieron el primer amparo judicial de un juez federal, que ordenó la suspensión provisional de un acuerdo gubernamental en materia de generación de energía eléctrica, que limitaba la participación de las energías renovables.

    Etiquetas:
    energía limpia, México
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