Durante la semana navideña, la famosa "grieta" que separa a los simpatizantes de los principales partidos políticos de Argentina se cerró, pero solo porque se abrió otra división transversal entre quienes están a favor de profundizar el modelo extractivista minero a través del uso de contaminantes, con sus riesgos medioambientales, y aquellos que se oponen.
No, no es una final de fútbol. Es la gente de Mendoza 🇦🇷 en las calles defendiendo el agua y rechazando la minería.
— Carlos Andrés Santiago 🌎🍃💦 (@CarlosSantiagoL) December 24, 2019
🥁 Olé olé olé ola
Olé olé olé ola
La cordillera que linda está
Y si la tocan qué quilombo se va a armar 🥁#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #LaLey7722NoSeToca pic.twitter.com/uEwWGmxxVg
¡Atención!⚠️ Represión en la manifestación por la derogación de la reforma #Ley7722 Cuando pacíficamente decíamos #La7722NoSeToca pic.twitter.com/kFH5JdYoBw
— Analía Martín 💚 (@Anaabraxas) December 23, 2019
"No es marcha atrás, no conocemos que haya nada escrito. No será de plena aplicación pero la nueva ley está vigente, no se vuelve a la situación previa a la sanción de la modificación", aclaró con preocupación Marcelo Giraud, geógrafo y representante de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap).
La legislatura mendocina, con apoyo de la mayoría del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición, eliminó una prohibición en el uso de químicos como cianuro y ácido sulfúrico para la extracción minera a cielo abierto, aunque mantuvo la exclusión del mercurio. La vigencia de este permiso está ahora en cuestionamiento.
"Nuestra postura no es determinística, no decimos que inevitablemente cualquier mina va a contaminar gravemente, aunque todas tienen varios tipos de impactos negativos. Los riesgos de la minería son muy altos, estadísticamente y a nivel mundial, entonces le toca a la sociedad decidir qué niveles de riesgo son aceptables, y no a un puñado de funcionarios que le hacen el juego a los grandes capitales transnacionales", denunció Giraud.
La clase política, en la mira
El accionar de la clase política fue ampliamente criticado por gran parte de la sociedad mendocina, que rechaza abiertamente desde hace semanas la propuesta de modificación de la ley debido a los altos riesgos de contaminación del agua en una provincia con graves problemas de escasez y sequía.
"El gobernador, en campaña, dijo que la ley no se iba a tocar y el mismo día que asumió presentó el proyecto de modificación", dijo a Sputnik Julieta Lavarello, abogada de la dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte provincial, quien contó que fue detenida durante la represión policial el lunes pasado cuando asistía a un manifestante herido.
La particularidad de este caso es que las posturas superan la discusión partidista para enfocarse en una relativa al modelo productivo. A pesar de que el gobierno provincial mendocino a nivel nacional es oposición a la administración del presidente, Alberto Fernández, comparten una postura similar.
En ambos casos se apuesta al desarrollo de industrias extractivistas como la minería, de la misma manera que lo hacía la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Acá no hay grieta. Lo que prima es la necesidad de generar empleo y potenciar un sector exportador que produce dólares, defienden desde el oficialismo nacional y provincial, a pesar de tener diferente bandera.
El Ministro Kulfas argumentó en el plenario d comisiones d la cámara de diputados, q la baja de retenciones a la minería y el petróleo es importante p/ su modelo d "desarrollo", y para generar divisas p/ pagar la deuda que nos dejó Macri. Dólares para el FMI, cianuro para Mendoza
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 22, 2019
La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles.
— Pino Solanas (@fernandosolanas) December 23, 2019
Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región.#La7722NoSeToca
Sin embargo, existen amplios cuestionamientos desde sectores de izquierda, del peronismo independiente y de la academia acerca del poder de cabildeo de estas corporaciones y los beneficios económicos reales que ofrece impulsar la explotación de los recursos para que las ganancias sean repatriadas a casas matrices en el exterior al tiempo que se los beneficia con reducción de impuestos.
El esquema que fue moldeando con los años el lobby megaminero mantuvo siempre lejos a la AFIP. Solo con las retenciones que le bajó Macri en 2016 se podrían haber pagado 300 mil AUH por todo ese año o dos veces el Fútbol para Todos que dio de baja.
— Alejandro Bercovich (@aleberco) December 24, 2019
"A comienzos de siglo se sancionó en Argentina la Ley General del Ambiente (25.675), que incluye los principios de clásicos internacionales como el de precaución, prevención, equidad intergeneracional y el de progresividad, que lleva incluido el de no regresión, es decir, que no se puede retroceder en las normas", explicó Giraud.
