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    Aunque desde 1988 se han registrado intoxicaciones e incidentes ambientales en la Bahía de Quintero en Chile, hasta este martes 28 no había habido justicia ambiental. Esta vez la Corte Suprema fue contundente: acogió los recursos de protección presentados por la ciudadanía y ordenó al Estado tomar resguardos para proteger a las comunidades.

    Entre fines de agosto y septiembre de 2018 más de 1.700 chilenos fueron envenenados por inhalar gases tóxicos. Ellos viven en la zona de sacrificio que comprende la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, donde hay 19 industrias contaminantes que largan humo día y noche. Hasta hoy no se sabe cuáles fueron los gases que produjeron los envenenamientos, ni de qué empresas provinieron.

    En febrero de 2019 la ciudadanía organizada demandó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo ocurrido en la Bahía de Quintero en 2018. Pero antes habían presentado 12 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del cordón industrial y el Estado por la vulneraciones sufridas en 2018.

    En febrero la Justicia argumentó que no se pudo determinar la responsabilidad de las empresas y que el Estado sí había tomado medidas para frenar el daño socioambiental, y desestimó las denuncias. Las organizaciones llevaron el caso ante la Corte Suprema.

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    El martes 28 se conoció el fallo: el máximo tribunal acogió ocho de los 12 recursos presentados y ordenó 15 medidas inmediatas, entre ellas, realizar estudios para determinar cuáles son los gases, elementos o compuestos presentes en la zona de sacrificio, así como instalar filtros y dispositivos que midan las emanaciones.

    Presidente de Chile, Sebastian Piñera, durante el lanzamiento oficial de la COP 25, en Santiago, el 11 de abril de 2019
    © Foto : Presidencia de Chile / Marcelo Segura
    Además, la Corte Suprema instó al Estado a trasladar a las personas directamente afectadas por emergencias contaminantes, ampliando la protección a toda la ciudadanía expuesta a los riesgos de un nuevo episodio en la zona. Se trata de evacuaciones masivas sin precedentes en Chile.

    El pronunciamiento de la Justicia cuestiona la responsabilidad de las industrias en la emergencia ocurrida en agosto de 2018, mientras que se acusa a las autoridades de no haber tomado medidas de prevención.

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    "Se acabó la impunidad medioambiental para el Chernóbil chileno", fueron las palabras de Greenpeace Chile tras conocer el fallo. "Nos alegra que se termine con la indefensión en la que han vivido miles de chilenos por tanto tiempo", dijo en un vídeo Matías Asun, director nacional de la organización.

    ​En los alegatos presentados ante la Corte Suprema, la defensa legal de las personas afectadas en 2018 hizo hincapié en que el episodio de envenenamiento masivo no puede considerarse un hecho aislado, como plantearon las industrias en su defensa.

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    "Nosotros que conocemos el caso y que llevamos años en el territorio, no hay nada que nos garantice que eso no pueda volver a suceder. Ni siquiera el plan de descontaminación, que es súper acotado. A pesar de que dentro de sus objetivos está la descontaminación, si tu lees su contenido, no sirve para descontaminar", dijo a Sputnik en abril Alejandra Donoso, una de las abogadas que llevó el caso ante la Corte Suprema.

    Fundación Terram, una de las organizaciones querellantes, consideró adecuado y celebró que esta decisión de la Corte Suprema "venga a aclarar la negligencia con la que han actuado los distintos órganos del Estado, sobre todo las irresponsabilidades en que recurrieron órganos como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Oficina Nacional de Emergencia del ministerio del Interior, los ministerios del Medio Ambiente y Salud".

    Sin embargo, señalaron que "esta respuesta no soluciona el problema de fondo que aqueja a esta zona de sacrificio", publicaron en un comunicado en su web.

    Por ello hacen un "llamado a las instituciones pertinentes a trabajar éticamente en la construcción de una normativa más robusta que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación de las comunidades".

    Etiquetas:
    justicia, Chile, contaminación
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