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    Movilización por la situación medioambiental y de salud de la población de Puchuncaví y Quintero, Chile.

    Chile: comunidad afectada por la emisión de gases tóxicos en 2018 espera fallo de la Corte Suprema

    © Foto : Gentileza de Ricardo Quero Arancibia
    Medioambiente
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    Angelina de los Santos
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    En 2018 miles de chilenos fueron intoxicados por gases tóxicos. Aún hoy no se sabe qué gases fueron ni quiénes fueron los responsables. El caso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por ciudadanos organizados que acusan al Estado y a empresas. Sputnik habló con una de las abogadas ambientalistas y te cuenta los detalles.

    Entre fines de agosto y septiembre de 2018 más de 1.700 chilenos fueron envenenados. Primero cayeron los niños; llegaron en ambulancia con náuseas, vómitos, dolores de cabeza, escozor en los ojos y nariz. Algunos no tenían sensibilidad en sus extremidades. Después cayeron las mujeres y los adultos mayores. Habían inhalado gases tóxicos.

    Presidente de Chile, Sebastian Piñera, durante el lanzamiento oficial de la COP 25, en Santiago, el 11 de abril de 2019
    © Foto : Presidencia de Chile / Marcelo Segura
    Allí donde ellos viven hay 19 industrias contaminantes que largan humo día y noche. Hasta la fecha no se sabe cuáles fueron los gases que produjeron los envenenamientos, ni de qué empresas provinieron.

    Aunque desde 1988 se han registrado envenenamientos e incidentes ambientales en la Bahía de Quintero en Valparaíso, Chile, fue este último episodio masivo el que movilizó al pueblo entero. Desde hace al menos una década en la comunidad bien se sabe que hay hombres que fueron empleados de las industrias y hoy tienen llagas verdes en la cara, bultos callosos en el cuello, escamas amarillentas verdosas en la espalda, pecho, brazos, piernas; pero nunca antes la peste había llegado de forma masiva a los niños.   

    Más: Una propuesta popular ante el desastre socioambiental chileno

    En febrero de 2019 la ciudadanía organizada demandó al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo ocurrido en la Bahía de Quintero en 2018. Pero antes habían presentado 12 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del cordón industrial y el Estado por la vulneraciones sufridas.

    En febrero la Justicia argumentó que no se pudo determinar la responsabilidad de las empresas y que el Estado sí había tomado medidas para frenar el daño socioambiental, y desestimó las medidas.

    "La sentencia no discute en ningún momento que haya vulneración de los derechos fundamentales —dijo a Sputnik Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental—. De hecho, habla de daño ambiental a lo largo de toda la sentencia, pero lo que cuestiona es que no podemos decidir el vínculo causal entre la contaminación y los recurridos", explicó.

    También: "Ante la CIDH quedó claro que el Estado chileno ha actuado de manera pasiva" frente a la contaminación

    Los colectivos de defensa a los Derechos Humanos llevaron el caso ante la Corte Suprema de Chile. El máximo órgano judicial decidirá si reafirmar o revocar el fallo de la Corte de Apleaciones de Valparaíso.

    "La Corte de Apelaciones comente un error jurídico: utiliza argumentos de daño ambiental, de responsabilidad, para negar la protección de garantías fundamentales. El ordenamiento jurídico ambiental no puede ser obstáculo para resguardar los derechos de las personas. Eso es algo que no se debería permitir", indicó Donoso.

    En los alegatos presentados, la defensa legal de las personas afectadas hizo hincapié en que el episodio de envenenamiento masivo de 2018 no puede considerarse un hecho aislado, como plantean las industrias.

    "Nosotros que conocemos el caso y que llevamos años en el territorio, no hay nada que nos garantice que eso no pueda volver a suceder. Ni siquiera el plan de descontaminación, que es súper acotado. A pesar de que dentro de sus objetivos está la descontaminación, si tu lees su contenido, no sirve para descontaminar", dijo Donoso.

    La ambientalista recordó que aún no tienen "ninguna garantía de que no se sigan vulnerando los derechos de las personas. No puede ser que esa falta de información atente precisamente en contra de la vida y salud de las personas", resumió.

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