La sanción se debe al incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991, que establece la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos "sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar".
España debía incorporar mejoras en sus sistema de depuración antes del 1 de diciembre del año 2000, pero sin embargo, según la justicia europea "no lo hizo", por lo que la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal europeo contra España.
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En 2011, Bruselas ya dio un aviso a Madrid y un nuevo plazo para que España cumpla con sus obligaciones, concretamente hasta julio de 2013, pero tampoco se tomaron las medidas necesarias, por lo que la Comisión recurrió a la justicia.
