Cruzando bancos de datos públicos, "1.155 personas y/o empresas fueron relacionadas con grandes deforestaciones", señala el texto.
En total se trata de 176.761 hectáreas de corte raso de vegetación; un total de las 31 zonas deforestadas de más de 60 hectáreas se encuentran dentro de zonas protegidas y otras 13 dentro de tierras indígenas, que en principio también están bajo protección de la ley.
La Fiscalía ya instauró 757 acciones judiciales que piden a los responsables 1.500 millones de reales (462 millones de dólares) en concepto de indemnizaciones por daños materiales y morales.
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También se exige la reparación de 95.679 hectáreas de selva degradadas, así como la retirada o destrucción de los bienes que estén impidiendo la regeneración de la vegetación.
Las acciones de la Fiscalía se enmarcan en el recién lanzado programa "Amazonía Protege" y aunque en un principio se centra en zonas deforestadas de 60 hectáreas o más el objetivo es que en el próximo ciclo de controles se instauren nuevas acciones judiciales para áreas cada vez menores.