América del Sur difiere entre justicia climática y compromisos para todos en la COP 21

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Aunque América del Sur hace una contribución pequeña a la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, la mayoría de sus países acuden a la cumbre de París con metas concretas para abatir esa contaminación, aunque difieren en su abordaje sobre la responsabilidad que le cabe al mundo rico en este problema ambiental global.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo el viernes en París las medidas que propone para luchar contra el cambio climático, que incluyen crear una Corte Internacional de Justicia Ambiental a través de un tratado vinculante y una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, informó la prensa local.

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"Si no logramos acuerdos vinculantes podría comenzar el entierro de nuestra civilización", dijo Correa en declaraciones recogidas por el diario oficial ecuatoriano El Ciudadano.

La propuesta de Ecuador se basa en la justicia climática, es decir, la responsabilidad que cada país tiene en la aparición de este problema, pues según los científicos se generó a partir de la excesiva acumulación atmosférica de gases de efecto invernadero liberados desde la revolución industrial.

Quito argumenta que existe una "deuda ecológica" que debería ser asumida por los países industriales centrales, hoy día los más desarrollados, para compensar de los daños a los que disponen de menos recursos, que suelen verse más afectados por las manifestaciones climáticas extremas.

Entre el lunes 30 y el 11 de diciembre se celebrará en París la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) que debe alcanzar un tratado mundial obligatorio.

Bolivia

Las posiciones de Bolivia van en una línea similar, pues su presidente, Evo Morales, planteará en la COP 21 que mientras no se conforme un verdadero Tribunal de Justicia Climática, la Corte Internacional de Justicia juzgue a quienes no cumplan los compromisos de abatir el recalentamiento global.

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"Una vez más vamos a presentar esta propuesta con dos alternativas: hasta que se pueda constituir un Tribunal de Justicia Climática, se recurra a instituciones como la Corte Internacional de Justicia, que ya tiene jurisdicción y competencia al respecto", anunció el viernes la ministra de Medio Ambiente y Aguas, Alejandra Moreira.

La exigencia de ese tribunal es parte de la declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático realizada en octubre en la ciudad boliviana de Tiquipaya, y que fue firmada por Bolivia, Ecuador, Venezuela y movimientos sociales y ambientales de América Latina.

Ese documento estructura la propuesta boliviana en París, y pone énfasis también en la justicia climática.

Chile

Chile, por su parte, forma parte de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe para las negociaciones sobre cambio climático, junto a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, que se han desmarcado en la ONU de las posiciones del mundo en desarrollo y pretenden que todos los países asuman compromisos vinculantes en la reducción de emisiones.

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En esa línea, la presidenta Michelle Bachelet lleva a París el compromiso de abatir en el 30 por ciento la emisión nacional de dióxido de carbono (CO2) para 2030.

Se trata de una contribución poco significativa para revertir el cambio climático, dijo el viernes a Sputnik Nóvosti la geógrafa Javiera Espinoza, de la fundación ambientalista Terram.

"Llegar al 30 por ciento es poco ambicioso y no es la vía para poder contribuir a un acuerdo climático mundial, entendiendo que todos los países tienen que poner de su parte", explicó Espinoza.

Lea más: Compromiso de Chile para la COP 21 es poco ambicioso

El Gobierno manejó anteriormente un recorte del 45 por ciento en las emisiones nacionales de CO2, que según el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, solo se podría alcanzar si se cuenta con apoyo financiero internacional.

Colombia

El Gobierno colombiano se propone llegar a 2030 con una reducción del 20 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero, y para ello presentará en la COP 21 una iniciativa de cooperación con el Reino Unido, Alemania y Noruega con el objetivo de reducir la deforestación a través de dos programas específicos que le permitan recibir 257 millones de dólares de ayuda financiera.

Según datos oficiales, entre 2012 y 2014 Colombia logró una reducción voluntaria de 858.389 toneladas de CO2 gracias a la puesta en marcha de 29 proyectos de protección del ambiente.

Pero estas propuestas son vistas de modo crítico por la organización Greenpeace Colombia.

"Colombia mantiene una posición tan ambiciosa y pone unas expectativas tan altas de reducir las emisiones de CO2, cuando en realidad lo que se ve es una gran incoherencia entre lo que se propone en el marco internacional y lo que hace en el plano local", dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, a Sputnik Nóvosti.

Según Gómez, las políticas ambientales son demasiado flexibles y vulneradas de manera reiterada por la industria extractiva del carbón, que actúa en zonas de páramos y en ecosistemas estratégicos de donde se surte más del 85 por ciento del agua que se consume en la zona andina de Colombia, la más poblada del país.

Brasil

La postura de Brasil, que supo liderar las negociaciones ambientales en el pasado, parece ahora más restringida a exponer sus propios compromisos de reducción.

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La presidenta Dilma Rousseff anunció que su país recortará sus emisiones de gases invernadero en el 37 por ciento hasta 2025 y en el 43 por ciento hasta 2030, tomando como referencia las emisiones de 2005.

El compromiso de Brasilia incluye el fin completo de la tala ilegal en la Amazonia para 2020 y un plan de reforestación que Rousseff calificó en septiembre, cuando acudió a la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible en Nueva York, como "más ambicioso que los de muchos países desarrollados".

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