"No hay especificación en el contrato, pero por las características de las bombas láser no parecen ir orientadas a ese fin", dijo en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Gobierno español.
Según explicó, el armamento es un "material de alta precisión" y por tanto "no se van a equivocar".
El 10 de septiembre, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau —integrantes de la campaña Armas Bajo Control— enviaron una carta al Gobierno pidiendo a Madrid la prohibición de las exportaciones de armas a Riad si hay conocimiento de que se pueden usar para violar los derechos humanos, lo que en su opinión ocurre en este caso.
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El 13 de septiembre, Amnistía respondió a Borrell afirmando que el problema con las armas vendidas a Arabia Saudí no es su precisión, sino que son utilizadas para "atacar hospitales, colegios, mercados, bodas, funerales y vehículos civiles".
