Hace exactamente 90 años el Gobierno de la URSS ratificó el protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, conocido como el Protocolo de Ginebra. El documento prohíbe el uso de armas químicas y biológicas contra otros países firmantes, pero no dice nada acerca de la producción, almacenamiento o transferencia.
No fue hasta 1997 cuando entró en vigencia la Convención sobre Armas Químicas, que prohíbe la producción y almacenamiento de este tipo de armamento. Un año antes, el entonces presidente ruso Boris Yeltsin ya había dispuesto la liquidación total de armas químicas y biológicas en el país. El proceso culminó en 2017, cuando el presidente Vladímir Putin ordenó la eliminación del último proyectil del arsenal químico del país.
El mandatario catalogó como histórico el momento presenciado y destacó que Moscú cumplió lo pactado en la Convención de 1997 más rápido de lo previsto y antes que otras potencias. El acta que establece que Rusia pasó a ser un país libre de armas químicas lo firmó personalmente el director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Ahmet Uzumcu.
No obstante, Rusia no era el único 'heredero' del arsenal químico de la URSS.
Además de Rusia, este tipo de armas de destrucción masiva era producido en las antiguas repúblicas soviéticas de Ucrania, Kazajistán y las del Báltico. Según los cálculos estimados, después de la desintegración del bloque socialista unas 40.000 toneladas (más de 4 millones de proyectiles de artillería y cohetes) quedaron dispersas por todo el espacio postsoviético.
"En la segunda mitad del siglo XX, algunos tipos de sustancias tóxicas de uso militar se desarrollaban y producían en [la ciudad de] Nukus, en Uzbekistán. En 1999, todas o casi todas sus reservas fueron destruidas con asistencia de los especialistas del cuerpo de ingenieros del Ejército de EEUU", compartió con Sputnik el entonces miembro de la comisión de armas químicas y biológicas de la ONU, Ígor Nikulin.
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Sin embargo, no en todas las exrepúblicas soviéticas la destrucción de estas armas marchó como debería. La crisis por la que pasaron todos los Ejércitos debido a la falta de financiación, provocó en gran parte que estas cayeran en el mercado negro.
Así, el 17 de junio de 2004 los habitantes del pueblo de Toporivka, en el suroeste de Ucrania, encontraron un escondite con 16 proyectiles de calibre 76 mm rellenos del mortal ácido hidrociánico. Los especialistas los extrajeron y eliminaron, pero aún queda abierta la pregunta de quién las había ocultado en ese lugar y cuantos escondites más quedan por el país.
Cinco años más tarde, en el campo de pruebas de Sary Shagan, en el centro de Kazajistán, hallaron un almacén abandonado de municiones químicas. Aparentemente, después de la desintegración de la URSS, el Gobierno kazajo no encontró recursos para inspeccionar un campo de pruebas militares con un área equivalente al doble de los Países Bajos y los proyectiles permanecieron sin cuidado durante casi 20 años.
Si bien todas las 15 exrepúblicas soviéticas firmaron la convención que prohíbe la fabricación de estas armas, solo cuatro (Rusia, Estonia, Letonia y Lituania) se apegaron al Protocolo de Ginebra, que prohíbe su uso bélico. Por lo que los antiguos arsenales soviéticos aún podrían estar esperando su momento estelar.
