Según los datos de la CEPAL, en 2012, el 50,9% de los ciudadanos de Honduras vivían en condiciones de extrema pobreza y un 71,1% bajo la pobreza. Para luchar contra esta lacra y crear nuevos empleos, las autoridades hondureñas aprobaron en 2013 la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE).
La concesión de tales poderes es la razón por la que el proyecto ha sido duramente criticado en los medios de comunicación locales e internacionales. Sin embargo, a pesar de toda la crítica con la aprobación de esta ley, las autoridades hondureñas buscaban crear condiciones muy favorables para la inversión extranjera e impulsar la economía hondureña.
Si Honduras logra crear las primeras ZEDE, será el quinto país del mundo y primero en Centroamérica en implementar este plan, que ya había ayudado a desarrollarse a Emiratos Árabes Unidos, China —un esquema parecido fue aplicado en Hong Kong—, Corea del Sur e Irlanda, informa el periódico digital Hondudiario.com.
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De acuerdo con el artículo 29, el aparato administrativo de las ZEDE, representado por el secretario técnico y el Comité para la adopción de las mejores prácticas, podrían fijar sus propios impuestos sobre la renta a las personas jurídicas —que no fueran superiores al 16%— e impuestos sobre el valor añadido —que no superaran el 5%—.
Por ejemplo, la tasa media del impuesto sobre la renta de personas jurídicas en América Latina constituía el 27,6% un año antes de que se aprobara la mencionada ley en Honduras.
Estos planes de crear un entorno impositivo tan favorable podrían haber estado detrás del aumento de la inversión extranjera directa que se produjo en 2017. El año pasado, la inversión extranjera directa creció un 10% en los sectores de servicios financieros, industria y logística de Honduras.
A pesar de tales perspectivas y las expectativas de crecimiento económico, este país centroamericano está lejos de ser considerado un paraíso, al menos para sus propios ciudadanos.
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Según los datos de un informe, citado por la agencia EFE, el 43,7% de hondureños vive actualmente en la pobreza, y el 23,3% permanece en la pobreza extrema, mientras que la tasa de homicidios en Honduras ronda los 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Aunque la tasa de homicidios se ha reducido considerable en los últimos años, todas estas cifras no encajan en el ambicioso proyecto de las ZEDE.
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Antes de crear las condiciones idóneas para la llegada de empresas extranjeras, las autoridades hondureñas deberían acabar de una vez por todas con el mal que destruye su Estado desde dentro: la corrupción.
Hoy en día, el caso de Honduras puede presentarse a través de un ejemplo de la vida cotidiana. Si un recipiente tiene grietas en el fondo es imposible llenarlo por completo.
De esta manera, por más que se esfuercen las autoridades hondureñas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos por medio de la creación de nuevos empleos con ayuda de las ZEDE, no serán capaces de hacerlo sin erradicar previamente la corrupción y eliminar la desigualdad que reinan en la sociedad hondureña.
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Una vez solucionados estos problemas o disminuida su influencia, su plan acerca de las ZEDE podría tener todas las posibilidades para salir airoso. Si no, estará condenado al fracaso.
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