El ministro de Comercio japonés, Hiroshige Seko, citado por el canal NHK News, atribuyó esta decisión a "algunas insuficiencias en el sistema de control de exportaciones de Corea del Sur y su aplicación".
"Japón no tiene la intención de afectar su relación con Corea del Sur". Y no es una contramedida [en respuesta] a ciertos problemas".
La exclusión de la lista despoja a Corea del Sur del derecho a un procedimiento simplificado e implica la necesidad de solicitar permiso cada vez que importe productos de doble uso desde Japón, trámite que suele prolongarse por casi 90 días.
A partir del 4 de julio, Japón limitó el suministro a Corea del Sur de tres componentes químicos necesarios para la fabricación de los semiconductores y equipos electrónicos.
Las autoridades japonesas afirman que Corea del Sur manejó mal los materiales de alta tecnología que podrían usarse con fines militares y no logró implantar un control necesario para preservar las preferencias comerciales que obtuvo en 2004. Por su parte, Corea del Sur atribuye las restricciones a la disputa sobre el trabajo forzoso durante el período de la ocupación japonesa de la península de Corea, de 1910 a 1945.
La ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung-wha, advirtió la víspera que la exclusión de su país de la llamada "lista blanca" tendría graves consecuencias para las relaciones bilaterales.
"Lamentamos mucho que el Gabinete [el primer ministro de Japón, Shinzo] Abe haya decidido excluir a Corea del Sur de la 'lista blanca'. Nuestro Gobierno ha estado buscando una oportunidad de diálogo y consultas diplomáticas para solucionar el problema", apuntó durante una rueda de prensa.
Las discrepancias entre Seúl y Tokio se reavivaron después de que en 2018 la Corte Suprema de Corea del Sur resolviera que las empresas japonesas deben pagar compensaciones a las víctimas del trabajo forzoso.
En 1965, Japón pagó a Corea del Sur 500 millones de dólares en concepto de reparación del daño ocasionado durante la guerra, esperando que con eso quedasen eliminadas las contradicciones, pero el Gobierno surcoreano invirtió ese monto en el desarrollo de la economía y la infraestructura, mientras sus ciudadanos siguen apelando a tribunales exigiendo indemnizaciones.
Japón, para resolver el problema, propuso formar una comisión internacional de arbitraje, pero la parte surcoreana rechazó esa iniciativa.
