La política del mandatario filipino derivó en la muerte de entre 4.410 y 23.000 personas entre el 30 de junio de 2016, fecha en que Duterte tomó posesión del cargo, y el 31 de julio de 2018, afirman los demandantes —seis familiares de víctimas y la ONG Rise up for life and for rights— en su pleito enviado a la fiscal titular de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.
Los agentes del orden filipinos detuvieron en los últimos dos años a más de 152.000 personas durante las redadas contra el narcotráfico.
Un total de 4.410 supuestos traficantes murieron en esas operaciones, según la agencia antidrogas de Filipinas, PDEA.
Filipinas anunció en marzo pasado su retirada del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, pero el tribunal dijo que ello no afectaría al examen preliminar de los supuestos crímenes cometidos en la guerra contra el narcotráfico.
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