"Podéis actuar en aquellas esferas, donde sea necesario, pero no los podéis deportar", dijo el juez Dipak Misra.
Durante la sesión Misra también declaró que el Gobierno de India debe encontrar un equilibrio en su política en relación con los rohinyás y guiarse por "la seguridad nacional, los intereses económicos y las razones humanitarias".
La India estudia deportar a unos 40.000 refugiados rohinyás ilegales desde inicios de agosto cuando el Gobierno ordenó a las autoridades locales identificar y deportar a todos los nacionales extranjeros que permanecen en el país de manera ilegal.
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Los militares de Birmania están llevando a cabo una operación en Rakáin contra un grupo radical rohinyá que el 25 de agosto pasado atacó varios puestos policiales y cuarteles del Ejército en este estado.
Los rohinyás se establecieron en Arakán (antiguo nombre de Rakáin) a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la época colonial cuando los británicos alentaron su traslado desde Bengala Occidental a un territorio con escasa mano de obra agrícola.
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Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana de unos 1,1 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes.