Según "los datos de los servicios de seguridad y otra información creíble", hay señales de que "algunos rohinyás están relacionados con las organizaciones terroristas basadas en Pakistán u otras organizaciones similares con sede en otros países", dice un comunicado gubernamental citado por la cadena NDTV.
En particular, explica el documento, unos rohinyás con experiencia militar que operan en las regiones de Jammu, Delhi, Hyderabad o Mewat presentan una amenaza real o potencial para la seguridad nacional.
El comunicado gubernamental recuerda que el derecho de residencia en la India solo está disponible para sus ciudadanos y que el país no está sujeto a las disposiciones de la convención de la ONU sobre el estatus de refugiados.
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Además, se añade, un gran flujo de migrantes "daña directamente los derechos humanos fundamentales y básicos de los ciudadanos del país".
Al responder a inicios de agosto a los parlamentarios sobre la suerte que correrán unos 40.000 inmigrantes rohinyá indocumentados (no registrados por la ONU), el ministro del Interior de la India, Kiren Rijiju, dijo que los estados del país formarán grupos de trabajo que se encargarán de identificar y después deportar a los ciudadanos de otros países que se encuentren ilegalmente en la India.
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Esta declaración fue criticada por los defensores de derechos humanos y los representantes de los refugiados rohinyás, las críticas se intensificaron a finales de agosto cuando la agravación del conflicto en el estado birmano de Rakaín ocasionó la muerte de más de 400 personas, mientras unos 400.000 rohinyás huyeron al Bangladés limítrofe para medidos del presente mes.
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La Corte Suprema llevará a cabo la próxima sesión sobre el tema el 3 de octubre.
