La máxima instancia judicial del país dio la razón a una japonesa de 30 años que en 2011 acudió a un tribunal local para reclamar una indemnización de 1,65 millones de yenes (16.300 de dólares) por los "daños psicológicos" que le supuso esperar seis meses para casarse con su nueva pareja.
La normativa impide a las mujeres divorciadas contraer segundas nupcias durante seis meses tras la separación, para evitar posibles confusiones sobre la paternidad de los hijos nacidos justo después del divorcio.
Muy frecuentemente resultaba que las autoridades reconocían como padre al exmarido de la mujer, mientras que el padre biológico tenía que tramitar la adopción, porque no podía registrar el matrimonio con la mujer recién divorciada.
Los adversarios de la polémica ley indicaban que estas situaciones son imposibles hoy en día ya que para resolver las dudas sobre la paternidad basta con realizar una prueba de ADN.
