"Para la policía, obtener una confesión es aún el camino más fácil para asegurarse la condena judicial", señala el informe de la organización de derechos humanos realizado tras haber entrevistado a 37 abogados y analizado 590 sentencias.
Diez de esos 37 abogados fueron torturados, señala el estudio.
Las conclusiones son las mismas que las del informe publicado en mayo por la organización Human Rights Watch y desmienten la tesis oficial de que la tortura está disminuyendo en China.
Zhao Chunguang, un alto funcionario público, aseguró el pasado año que no se había registrado ni un solo caso de confesiones arrancadas con violencia desde la aprobación de las leyes.
China ha intentado en los últimos años reducir el ubicuo recurso policial de la tortura con reformas legales que minimizan su peso probatorio u ordenan la instalación de cámaras de vídeo en las comisarías.
Pero el estudio denuncia que la imbricación entre poder local y policía desemboca en el incumplimiento sistemático de las leyes.
Las formas de tortura incluyen palizas, largos periodos esposado de manos o pies y la privación de sueño, tratamiento médico, comida o agua.
Datos oficiales aseguran que se han interpuesto 1.321 denuncias por tortura desde 2008 a 2015 y Amnistía Internacional asegura que solo 279 personas han sido castigadas por su uso.
En los últimos años han sido descubiertos gruesos errores judiciales que habían castigado a muerte a personas tras haber confesado y cuya inocencia quedó probada después.
China ha admitido que esos casos atentan contra la credibilidad del sistema y ha aprobado varias leyes para impedir que se repitan.
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas se reunirá la semana próxima en Ginebra para analizar los progresos de China en el cumplimiento de la convención que firmó en 2008.