"La ejecución tuvo lugar cuando la atención política y de los medios de comunicación en el país estaba centrada en los controvertidos planes gubernamentales de ampliar la función del Ejército en Japón", dice el comunicado de la organización.
Amnistía critica al Gobierno nipón por evitar un debate "completo y franco" sobre el uso de la pena de muerte.
"Con esta última ejecución, el Gobierno japonés está engañando a la opinión pública. El homicidio autorizado por el Estado no es la solución para la delincuencia, sino la violación última de los derechos humanos", declaró Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional para Asia Oriental.
El grupo activista recuerda que hoy en día 140 países han cancelado la pena de muerte tanto jurídicamente como en la práctica.
"Japón está aislado y desfasado respecto a la inmensa mayoría de países que han abandonado este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante", expresó Shoji.
La ejecución de hoy es la número 12 que lleva a cabo por el Gobierno actual de Japón, desde 2012.
"Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito", manifiesta el movimiento.
