"El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio", advirtió el gobernante en un acto en el Gran Cuartel General de las Fuerzas Armadas.
Arce se manifestó así dos días después de que la expresidenta transitoria Áñez, acusada de golpe de Estado y en vías de enfrentar además un juicio de responsabilidades por genocidio, intentara suicidarse en la cárcel de La Paz donde cumple detención preventiva.
Sin mencionarla expresamente, Arce dejó claro que se refería a Áñez al señalar que el golpe que la llevó al poder no solo causó daño económico sino también "una deuda con 38 familias en el país", en alusión a otras tantas víctimas de masacres cometidas por tropas enviadas por la expresidenta a reprimir protestas.
Pacificación
Arce dijo que la reconstrucción de la economía, que consideró dañada por el intento de neoliberalizacion que atribuyó a Áñez, es parte de un proceso de pacificación y "sinceramiento" que debe pasar por la justicia, repitiendo conceptos de un reciente informe internacional sobre la violencia política en el país.
"Los últimos acontecimientos están dando luces acerca de lo que se tiene que hacer: la forma de pacificar, correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia a la brevedad posible, como piden las familias de las personas que han perdido vidas" en las masacres, afirmó.
Arce recordó el golpe de Estado que instaló hace medio siglo la dictadura militar de Hugo Banzer como un ejemplo que no debería repetirse en Bolivia.
"En este camino de la reconstruccion, de la pacificación, tiene que entrar necesariamente la justicia (…). En el golpe de Estado del año 1971, también hubo muertes y 50 años después sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe; el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad", dijo.
19 de agosto 2021, 22:41 GMT
La expresidenta Áñez, quien en sus 11 meses de gestión provisional intentó sin éxito eliminar al Movimiento Al Socialismo —de Arce y Evo Morales—, sufre hipertesión y ansiedad, según diagnosticó una junta médica un día antes de que intentara quitarse la vida.
Expresidentes conservadores y parlamentarios de la minoría opositora han activado presiones para que la justicia conceda a Áñez la posibilidad de defenderse en libertad.
Representantes de la Organización de las Naciones Unidas pidieron a su vez que el Estado brinde a la expresidenta un trato acorde con normas internacionales, especialmente en materia de salud y bienestar.
Autoridades de Régimen Penitenciario han asegurado que Áñez goza ya de un trato especial, con sistema de monitoreo médico exclusivo, alimentación provista por su familia y, desde el fin de semana, permiso para que sus hijos pernocten con ella.