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El presidente de México pide a la Suprema Corte analizar freno a la ley de electricidad

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinar si le corresponde a un juez federal de competencia económica dictaminar sobre la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), suspendida en forma provisional antes de una sentencia definitiva.
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"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa [el dictamen] a quienes no lo solicitaron, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresa el mandatario en una carta al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
López Obrador leyó en su conferencia de prensa cotidiana la misiva enviada al magistrado, quien también preside el Consejo de la Judicatura, después de que un juez ordenó la suspensión provisional de una reforma aprobada por el Congreso, con lo cual frena la nueva legislación en el sector eléctrico, promulgada la semana pasada.
El 11 de marzo "un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión [de la LIE] por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición", dice la misiva de López Obrador al presidente del máximo tribunal mexicano.
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El juez suspendió los efectos de la ley para proteger los derechos de los solicitantes de una protección judicial (amparo), e hizo extensivo el dictamen a otras personas y empresas del sector, paralizando en forma provisoria la nueva ley.

La controversia jurídica

La carta señala que "alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen" que, según López Obrador, afectaron en administraciones anteriores el patrimonio nacional mediante la corrupción y el tráfico de influencias.
Según el expediente 119/2021 del Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión temporal de la ley concierne "a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista en México".
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El amparo judicial fue solicitado por dos empresas privadas generadoras de energía fotovoltaica y eólica: Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico.
El jefe del Ejecutivo solicita que el máximo tribunal investigue si el juez favorece también a empresas eléctricas extranjeras generadoras de electricidad, como a la española Iberdrola, y a empresarios nacionales como Claudio X. González, quien es asesorado por el exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, según el mandatario.
El 2 de marzo pasado, López Obrador celebró la aprobación en el Congreso de una reforma a la LIE, iniciativa que él propuso con el fin de darle prioridad en las redes de suministro a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), antes que a las empresas privadas de energías eólica y fotovoltaica.
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El juez decidió suspender los efectos de la nueva ley para todos los participantes del mercado de electricidad, con el fin de no otorgar ventajas a una sola parte.
El dictamen judicial argumenta que, al otorgar el amparo solo a las dos empresas quejosas, "no solo le estaría otorgando una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, sino que podría ocasionar distorsiones en dicho mercado".
La suspensión provisional de la ley podría convertirse en definitiva cuando sea examinada en unas dos semanas más; y si en esa ocasión surge una "suspensión definitiva", la ley permanecería congelada por largo tiempo hasta que se resuelva el fondo del juicio.
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La nueva ley otorga a la empresa del Estado un lugar prioritario en el suministro de electricidad, y relega a las compañías privadas generadoras de electricidad con luz solar y viento, y también permite a la CFE adquirir energía y venderla sin convocar a subastas ni competencia.
Decenas de organizaciones defensoras del medio ambiente denunciaron a principios de marzo que la nueva norma "llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles", como el carbón, el gas natural y el combustóleo (fueloil) para generar electricidad, poniendo en riesgo las metas comprometidas en el Acuerdo de París contra el cambio climático.
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