La demanda se basa en un artículo de la carta magna mexicana que "expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada", dice el documento que marca la primera controversia entre poderes protagonizada por el nuevo gobierno.
El proyecto de ley de salarios presentado por la presidencia, fue aprobado la semana pasada por la mayoría oficialista en el Congreso, para impedir a todo funcionario del Estado ganar más que el mandatario, quien recortó su salario un 40%, para ganar unos 5.000 dólares mensuales.
López Obrador argumenta que los magistrados del máximo tribunal ganarían el equivalente de 30.000 dólares, y que solo son superados por el presidente de EEUU, Donald Trump, según el presidente mexicano.
Sin embargo, prosigue, esa interpretación "desatiende los requisitos procedimentales expresos que establece la propia Ley Reglamentaria" votada por los congresistas.
La suspensión concedida por la Corte, se fundamentó de manera "incorrecta", dice la presidencia, porque la misma ley de marras establece que, para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales.
No obstante, otro artículo de la misma ley, "sí prevé la figura de la suspensión, y dispone que no procede la misma en acciones de inconstitucionalidad", argumenta la Consejería de la Presidencia, en un posicionamiento público emitido la tarde del 12 de diciembre.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, estatal) promovió la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de funcionarios públicos.
Además, un grupo de senadores del Congreso federal promovió otra acción de inconstitucionalidad en contra de dicha ley y de la reforma constitucional.
El 7 de diciembre pasado, el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión solicitada en la acción de inconstitucionalidad, promovida por los legisladores contra la ley de remuneraciones.
Por su parte, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una exministra de la Suprema Corte al frente de la política interior de López Obrador, dijo en rueda de prensa que mantendrá su "respeto irrestricto" a los poderes Legislativo y Judicial.
"Tengo la obligación y las atribuciones de ley (…), de mantener las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión como lo hace también el presidente", López Obrador, puntualizó.
"No le ponemos, ni le quitamos una sola coma al presupuesto que manda el Poder Judicial, solo somos el conducto que lo entrega de manera institucional a la Cámara de Diputados", explicó sin mencionar el tema de los sueldos.
Según la alta funcionara del gobierno existe un "clamor de la necesidad más apremiante de toda la población, de obtener una respuesta irrestricta del Poder Judicial y de la procuración de justicia", acerca de este espinoso tema.
