"No hay acuerdo con nadie, cuando se tenga una decisión por parte del Gobierno nacional la vamos a comunicar oportunamente, estamos a la espera de la propuesta definitiva del Gobierno español, que aún no se ha producido", dijo a la prensa la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, según informó su despacho.
Ramírez afirmó que sí existe una disposición del Gobierno español sobre la extracción del navío, pero que no se puede interpretar como un acuerdo.
"El gobierno del presidente Iván Duque ha sido muy claro con todos los interesados en que la posición nuestra es tomar una decisión que atienda los intereses de Colombia, que atienda el respeto del patrimonio cultural, para que lo pueda disfrutar la humanidad", señaló la vicepresidenta colombiana.
Asimismo, subrayó que "nada ha cambiado" con respecto al rescate del pecio y que la alianza público privada se encuentra suspendida, por lo que el Gobierno comunicará "oportunamente" una decisión cuando la tome.
El pasado 10 de agosto, sólo tres días después de que Duque asumió la Presidencia de Colombia, su Gobierno anunció la suspensión "hasta por dos meses" de la extracción del San José.
El 12 de diciembre, más temprano, Borrell afirmó que ya había un principio de acuerdo con el Gobierno colombiano para que los dos países exploren y excaven los restos del galeón en vez de que lo haga una empresa privada.
El San José —de bandera española- se encuentra hundido desde el 8 de junio de 1708 en cercanías de Cartagena luego de una batalla con una flota inglesa, cuando transportaba un importante cargamento de oro, plata y piedras preciosas valorado en unos diez mil millones de dólares actuales.
Su hallazgo fue anunciado por el expresidente Juan Manuel Santos el 4 de diciembre de 2015 luego de décadas de búsqueda emprendidas por diferentes gobiernos colombianos.
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Sin embargo, desde el anuncio hecho por Santos surgieron disputas entre España y Colombia por la titularidad del San José, ya que el país europeo aduce que firmó un tratado con la Unesco que ampara al barco como de su propiedad, mientras que Colombia se defiende al señalar que nunca suscribió dicho tratado.
