ONU pide al Congreso de Colombia que no apruebe propuesta que afecta Acuerdo de Paz

BOGOTÁ (Sputnik) — La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, encargada de supervisar la implementación del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC, pidió al Congreso que no apruebe un artículo que faculta al presidente del país, Iván Duque, para que reactive órdenes de captura suspendidas contra excombatientes.

"La proposición (…) tiene precisamente el potencial de afectar las garantías jurídicas de los exmiembros de las FARC que han hecho dejación de armas y están en proceso de reincorporación", advirtió la Misión en un comunicado.

La proposición fue hecha por el diputado Álvaro Hernán Prada, del partido derechista Centro Democrático (que lidera el expresidente Álvaro Uribe), y fue aprobada en la noche del 11 de diciembre en segundo debate en la Cámara de Representantes con 119 votos a favor y 20 en contra como parte de las modificaciones que se discuten de la ley de orden público.

Según el texto, "de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido" en virtud del Acuerdo de Paz.

Asimismo, sostiene que "los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley afectados con esta medida, en el término de 30 días se podrán presentar voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz)".

Además, establece que "si pasado ese término no se presentan voluntariamente ante la (JEP) las autoridades de la justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que definirá su situación de libertad en el plazo máximo de 90 días".

Al respecto, la Misión de la ONU destacó que "ningún proceso de paz está exento de incertidumbres, pero la consecución de la paz en Colombia se ha visto entorpecida por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de la FARC que se reincorporan a la sociedad".

De acuerdo con el organismo, a incertidumbre se cierne "sobre cuestiones que están en el centro de cualquier acuerdo de paz: las garantías jurídicas, políticas y, en última instancia, de seguridad para quienes han depuesto sus armas y esperan que las instituciones cumplan esas garantías".

Asimismo, consideró que la proposición no hace referencia explícita a los excombatientes reincorporados, quienes no constituyen hoy, como lo reza la proposición, una "organización armada al margen de la ley".

Por último, destacó que la Seguridad y Estabilidad Jurídica del Acuerdo de Paz establece que las instituciones y autoridades del Estado "tienen la obligación de cumplir de buena fe" con lo establecido en el mismo, por lo que se debe guardar coherencia e integralidad con lo acordado, "preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final".

Tras la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, alrededor de siete mil integrantes de la antigua guerrilla dejaron las armas e iniciaron procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil a través de programas diseñados por el Estado.

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