"Es lamentable que con actuaciones que carecen de todo sustento legal se pretenda retardar procesos, impedir la conclusión de investigaciones, impedir que la Fiscalía se pronuncie sobre una gran cantidad de indicios de responsabilidad penal que la Contraloría ha puesto a disposición de la Fiscalía", dijo Celi a periodistas.
En septiembre, el ciudadano José Regato Cordero denunció que tanto Celi como el exfiscal Paúl Pérez (quien renunció a su cargo el mes pasado) no fueron posesionados ni designados de acuerdo con la ley, por lo que han usurpado los cargos de contralor y fiscal, respectivamente.
Ante la denuncia de Regato, la fiscal Ruth Palacios inició el 28 de noviembre una investigación previa contra Celi y Pérez y convocó al denunciante a rendir su versión el 5 de diciembre.
"Me admira un poco que haya existido una gran celeridad para acoger una denuncia sin sustento y mucha lentitud para acoger los indicios penales que, de manera sustentada, la Contraloría viene presentando en el último año en todos los sectores del Estado", dijo Celi.
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El contralor añadió que en el proceso demostrará la legitimidad de sus funciones y la vigencia de todos los informes e investigaciones que ha emitido pues está ejerciendo su cargo por mandato legal.
En lo que va del año, la Contraloría ha aprobado 891 informes de auditoría, varios de ellos acompañados de indicios de responsabilidad penal contra funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
