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    Odebrecht: firma que sirvió de socia en Colombia sabía de pagos de sobornos

    © REUTERS / Mariana Bazo
    América Latina
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    BOGOTÁ (Sputnik) — La multinacional brasileña Odebrecht dijo que el colombiano Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor industrial de ese país, sabía de los sobornos que se pagaban durante la construcción de la denominada Ruta del Sol II, al tiempo que lamentó las muertes que rodean el caso.

    "Rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que el Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos", señaló la firma en un comunicado, en el cual cuestiona una misiva reciente del Grupo Aval que asegura no haber tenido conocimiento de los sobornos.

    Los pagos de coimas por parte de Odebrecht en doce países de América Latina y África fueron revelados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) en diciembre de 2016, pero recientemente se conoció que en Colombia el asunto era conocido desde años atrás.

    El pasado 11 de noviembre el telenoticiero local Noticias UNO publicó unos registros de audio entre Jorge Enrique Pizano, quien ofició como supervisor especial en la obra Ruta del Sol II, y Néstor Humberto Martínez, quien hoy en día es el Fiscal General de Colombia pero que en su momento fue abogado de Corficolombiana, una compañía del Grupo Aval.

    Corficolombiana se hizo socia de Odebrecht para crear la Concesionaria Ruta del Sol y construir un extenso entramado de vías en el país, pero en el marco del desarrollo de esas obras se pagaron millonarios sobornos.

    Pizano le habría advertido a Martínez en 2015 acerca de pagos por 20.000 millones de pesos (6,4 millones de dólares) que, pensaba, habían sido pagados en sobornos por parte de Odebrecht, pero Martínez no denunció los mismos como abogado de Corficolombiana ni tampoco tomó medidas cuando asumió como Fiscal, y sólo actuó después de que el FBI reveló la trama de sobornos a nivel internacional.

    La misiva de Odebrecht conocida el 16 de noviembre subraya que el Grupo Aval sí conocía de esos sobornos, ya que Pizano no sólo había informado de los mismos a Martínez, sino también a José Elías Melo Acosta, quien era presidente de Corficolombiana y quien "no adoptó medidas al respecto".

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    El asunto está ahora en el ojo del huracán en Colombia, ya que el 15 de noviembre Pizano, quien era un testigo clave en la trama de corrupción y quien al parecer aspiraba a servir al FBI como testigo protegido, murió víctima de un infarto.

    Aunque las autoridades llegaron a considerar que se trató de un asesinato con cianuro, el 16 de noviembre el estatal Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que en el tejido extraído a Jorge Enrique Pizano no se encontraron rastros de ese químico.

    "Hay muchas dudas y por eso el Instituto hizo la prueba en dos laboratorios de manera paralela, que no se comunicaron entre ellos, por eso los resultados son cien por ciento confiables", dijo el director del organismo, Carlos Eduardo Valdés.

    La presunción de las autoridades de que Pizano podía haber muerto por la ingesta de cianuro se dio luego de que su hijo menor, Alejandro Pizano, quien había llegado desde el exterior para las exequias, también murió luego de tomar una agua saborizada que estaba en el despacho de su padre y que contenía cianuro.

    Según la necropsia que el pasado 13 de noviembre presentó Medicina Legal, la muerte del hijo de Pizano se dio por "envenenamiento por ingesta de cianuro", por lo cual el caso es ahora investigado por la Fiscalía.

    Al respecto, Odebrecht lamentó en su misiva la muerte de padre e hijo Pizano.

    "Lamentamos y hacemos extensivas nuestras respetuosas y sentidas condolencias a sus familiares", señaló.

    Las muertes de Alejandro y Jorge Enrique Pizano prometen la apertura de un nuevo capítulo en el caso de corrupción de Odebrecht, que habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos de obras de infraestructura.

    Mientras tanto, se mantienen las voces de varios sectores políticos que sostienen que Martínez presenta un conflicto de intereses para investigar el caso y que por ello debe renunciar al cargo de Fiscal General de Colombia.

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    sobornos, corrupción, Buró Federal de Investigaciones (FBI), Odebrecht, Colombia, Brasil