"No había ninguna necesidad de que se desplazara, podría prestar esa declaración por videoconferencia, aquí dentro [en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba], pero se trata de la espectacularización del proceso penal; el preso tiene que ser exhibido, humillado, desmoralizado… partido por la mitad; solo que a Lula no lo parte nadie", aseguró Damous en rueda de prensa, transmitida por la red social Facebook.
Esta es la magistrada que pasa a encargarse de los casos de la operación anticorrupción Lava Jato después de que el juez Sérgio Moro aceptara ser ministro de Justicia del futuro Gobierno de Jair Bolsonaro.
La decisión de Moro fue muy cuestionada por buena parte de la izquierda brasileña, que considera a este juez como uno de los máximos responsables de que Lula no pudiera participar en las elecciones presidenciales de octubre pasado, en las que partía como claro favorito.
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El senador Lindberh Farias del Partido de los Trabajadores criticó duramente el hecho de que Moro decidiera entrar en política.
Cuando anunció su decisión de entrar en el Gobierno del líder ultraderechista, Moro dijo que dejaba de lado las audiencias de la Lava Jato.
No obstante, el senador subrayó que Moro sigue tratando a Lula y a los casos de la Lava Jato como si fueran de su "propiedad" y aseguró que él escogió a la jueza sustituta y que no se ha despegado del todo de los procesos, sino que los controla desde la distancia.
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En esta ocasión, Lula responde a una acusación relacionada con una finca situada en Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo (sureste).
Los investigadores entienden estas reformas fueron sobornos disimulados a cambio de que Lula les consiguiera contratos dentro de la semiestatal petrolera Petrobras.
Farias subrayó, no obstante, que no "no hay ningún vínculo" entre la trama de Petrobras y estas presuntas irregularidades.
Por ello, considera que el caso debería haberse tramitado desde el principio en la Justicia de Sao Paulo y no en la del estado de Paraná (sur), donde queda bajo la competencia del equipo de Moro.
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Actualmente, el exmandatario cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, por supuestamente haber recibido un apartamento en Guarujá (costa de Sao Paulo, sureste) de manos de la constructora OAS.
