"En base al informe de la comisión investigadora, consideraremos si requerimos formalmente a la Fiscalía General que abra una investigación contra el expresidente Mesa y otros implicados", dijo a reporteros el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón.
La convocatoria a la sesión conjunta de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue emitida por el vicepresidente Álvaro García.
#Importante Este miércoles 14 de noviembre habrá sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Tratara el caso #Odebrecht y #LavaJato. pic.twitter.com/eR6FU5qquo
— Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 12 ноября 2018 г.
El gobernante Movimiento al Socialismo tiene amplia mayoría tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea, por lo que no se prevén dificultades para la aprobación del informe y de la eventual "proposición acusatoria".
Las irregularidades fueron detectadas en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, aunque Mesa es el único exmandatario implicado, según dijo la semana pasada la presidenta de la comisión investigadora, Susana Rivero.
Decretos q Alarcon usa p distraer tema sobornos, complican a Carlos Mesa. Obligan a mirar carretera Potosí-Tarija-Villazón, entregada x dedazo n decreto d Gbno. Mesa a otra brasileña, la Queiroz Galvao. Sin licitación y problemas constructivos lo posterior fue p solucionar. pic.twitter.com/vznYvoY7EU
— Susana Rivero Guzman (@susanariverog) 9 ноября 2018 г.
La diputada explicó que los tres gobiernos que se sucedieron entre 2002 y 2005 participaron en la negociación y contratación del proyecto caminero, en tanto que en la gestión de Morales sólo se gestionó un ajuste de los intereses del crédito utilizado.
Si el caso llega a la Fiscalía, ésta deberá requerir el criterio del Tribunal Supremo de Justicia para un eventual juicio de responsabilidades contra Mesa.
El expresidente, quien niega haber sido salpicado por el caso Lava Jato, ha sido beneficiado por Morales con amnistía en otro caso, el de la anulación en 2004 de un contrato internacional de explotación del salar de Uyuni, que terminó costando al Estado casi 50 millones de dólares.
