"Las detenciones que se produjeron en la movilización contra la votación del presupuesto 2019 fueron injustas y arbitrarias", advirtió en un comunicado la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref).
Aunque los venezolanos, por ejemplo, fueron detenidos a más de 2 kilómetros del Parlamento, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno estaba "en contacto con el juez y el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos (a todos los inmigrantes) lo antes posible".
El funcionario aseguró que los cuatro extranjeros "delinquieron y formaron parte de esos hechos de violencia", aunque no presentó ninguna prueba.
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En la misma línea se pronunció el jefe en el Senado del bloque Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto, diciendo que deseaba que a los cuatro detenidos los echen "a patadas" en una entrevista concedida a Radio Con Vos.
"Los discursos xenófobos de las últimas horas buscan reinstalar la falsa asociación entre migración y delincuencia", sostuvo la CAREF.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich reconoció que los cuatro extranjeros detenidos no tenían antecedentes penales, pero sostuvo que en base al decreto migratorio de Macri "no ingresan al país extranjeros con antecedentes penales, a diferencia de lo que sucedía en la anterior administración".
"Este planteo sigue la lógica del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2017 que criminaliza a la población migrante", observó la Comisión.
DNU inconstitucional
En marzo de este año, la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la "validez constitucional" del DNU del presidente publicado en enero de 2017 que restringe las condiciones de permanencia e ingreso de extranjeros al país.
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales recordó que la Ley de Migraciones sancionada en el Congreso en diciembre de 2003 "prohíbe la expulsión inmediata" de extranjeros.
"Ni siquiera en el DNU, declarado inconstitucional, una detención es causal de expulsión" puesto que "no existe una decisión judicial firme que habilite el inicio de un trámite de expulsión", puntualizaron.
El Gobierno dio media sanción en la madrugada del 25 de octubre al proyecto de presupuesto 2019, que establece un severo paquete de austeridad y que cuenta con la venia del Fondo Monetario Internacional, porque se reúne el directorio ejecutivo del organismo para analizar un nuevo acuerdo financiero que solicitó Argentina para intentar salir de la crisis económica.
