"Con la finalidad de no vulnerar los derechos de los demandados y del demandante (…) suspendo la audiencia hasta nueva orden", dijo la jueza luego de alrededor de hora y media de instalada la audiencia.
Al inicio de la diligencia, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, pidió cinco minutos para hablar en privado con su cliente, que le fueron concedidos por la jueza.
Al término de la diligencia Poveda lamentó los problemas de la traducción y dijo que con la Procuraduría del Estado y la Cancillería se ha conseguido ya otro traductor.
"En este momento, al menos en esta audiencia, se han respetado los derechos del señor Assange", dijo Poveda a periodistas tras la finalización de la audiencia.
El abogado dijo que su cliente sigue incomunicado en la embajada de Ecuador en Londres, y que recién el 24 de octubre se le dotó de un computador y este 25 de octubre de tecnología para que participe en la audiencia por videoconferencia.
La acción de amparo fue presentada por Poveda el 19 de octubre en contra del canciller Valencia, en busca de revertir un protocolo que, entre otras cosas, le exige al fundador de WikiLeaks no pronunciarse sobre temas que puedan afectar a otros estados y establece un riguroso procedimiento para recibir visitas o atención médica, que de no ser cumplidos llevarán a la pérdida del asilo.
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Poveda dijo que Assange estuvo preocupado este jueves de que su intervención en la audiencia podría ser considerada como una transgresión del protocolo y ser motivo de pérdida del asilo del que goza.
"Eso tiene que quedar muy claro, tiene que convalidarse en la audiencia que no hay transgresión del protocolo", enfatizó.
Ecuador le concedió asilo a Assange el 16 de agosto del 2012.
El activista se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de ese año por el temor de ser extraditado a Suecia, que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
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El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena de muerte por haber publicado miles de documentos filtrados.
El 24 de octubre el canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo que espera que la jueza del caso dé la razón sobre el reglamento porque tiene no solo sustentos de orden legal, sino cuestiones de hecho que demostrarían la necesidad de aplicar el protocolo.
Valencia también dijo que la solución al asilo del fundador de WikiLeaks está en manos del activista y de las autoridades británicas, y que el país sudamericano no puede hacer nada al respecto.
