Se han producido cambios radicales en Cuba desde que Raúl Castro tomó el poder en 2006: bajo su Gobierno, los cubanos obtuvieron la liberalización del trabajo por cuenta propia, el derecho de vender o comprar casas, que hasta entonces estaba permitido solo permutar, y vieron con entusiasmo el deshielo en las relaciones con EEUU.
Las reformas llegaron a su punto máximo en julio de este año, cuando los legisladores cubanos ratificaron el proyecto de una nueva constitución que reconoce la propiedad privada, democratiza la política nacional y regional, legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y descarta el objetivo de larga data de "avance hacia la sociedad comunista", entre otras enmiendas significativas.
Los principales medios de comunicación recibieron con sorpresa y deleite algunos puntos específicos del anteproyecto de constitución, como la reforma del matrimonio entre personas del mismo sexo y la eliminación del comunismo como meta final. Irónicamente, justo estas dos propuestas han resultado las más polémicas e impopulares entre los cubanos. Sin embargo, muchos no pudieron dejar pasar la oportunidad de enmarañar la iniciativa del Gobierno cubano, incluso si se trata de asuntos de los cuales nadie está a salvo.
¿Economía al servicio de quién?
Por ejemplo, en un artículo titulado 'Menos de lo que se ve a simple vista', The Economist criticó "la dominación estatal de la economía", que iba a perdurar bajo la nueva Carta Magna. Los ejemplos de esta 'tiranía', citados por el medio, incluyen el cierre de un vacío legal que permite a los restaurantes acomodar a más de 50 clientes a la vez, la imposición de impuestos más altos a las empresas con más de 20 trabajadores y medidas restrictivas en algunas importaciones comerciales. Tales medidas, declaró el autor anónimo del artículo, fueron motivadas por el cobarde deseo de La Habana de proteger las industrias nacionales.
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Si bien las restricciones sobre el número de personas que pueden cenar en restaurantes, los impuestos proporcionales al tamaño de una empresa y el subsidio estatal a los productores nacionales son algo común en todo el mundo, para The Economist estas medidas son un cínico intento del Gobierno de Cuba de mantener en el país "una economía de planificación centralizada sumamente ineficiente". Todo debido a que los líderes cubanos "son muy suspicaces ante el mercado libre, al que asocian con la corrupción, la desigualdad y la competencia con el Estado".
El texto también rechazó las palabras del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de que el embargo comercial de Washington —vigente desde 1960, que impide que las provisiones básicas lleguen a la isla o que las empresas que negocien con EEUU compren bienes o recursos cubanos— ha sido la piedra angular de la lucha económica contra Cuba. Aparentemente, para The Economist lo mejor para la isla sería una falta total de regulaciones, subsidios estatales e impuestos, aunque tal medida haría que Cuba fuera única en el mundo.
'Asesinatos legales'
Críticas aún más mordaces llegaron desde el Miami Herald. En su artículo titulado 'La nueva Constitución de Cuba es peor que la anterior', Andrés Oppenheimer consideró que el "horrible" proyecto "no es un paso hacia la modernización", sino que "está destinado a consolidar la dictadura más antigua y decrépita de América Latina".
Haciéndose eco de las críticas de The Economist, Oppenheimer dijo que las referencias de la nueva Constitución al derecho a la propiedad privada "deben tomarse con un grano de sal", ya que —¡increíble!— "estará sujeta a regulaciones" por parte del Estado. Además, el autor destacó el artículo 3 del proyecto de Constitución que dice que "los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, a cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución". Para el presentador de CNN Español, esto equivale a otorgarles a los cubanos la libertad de "matar legalmente" a cualquiera que "se atreva a desafiar la orden gobernante".
Ya sea una interpretación adecuada o no, Oppenheimer debería saber que la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU establece que, "siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido". Una vez más, un doble rasero: para ellos, lo que es considerado necesario y aceptable para el vecino más grande y poderoso de Cuba, con un largo y amargo historial de intentos de derrocar Gobiernos por todo el mundo, no es aceptable para la pequeña Cuba, que solo gracias al coraje de su pueblo ha podido resistir todas estas décadas. Al menos en Cuba, la libre circulación de armas no está permitida.
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Tal negatividad hacia el proyecto cubano es esperado que provenga de Miami, dado que la ciudad se ha convertido en un centro de acogida de emigrados cubanos y en una la plataforma de lanzamiento para las operaciones estadounidenses contra Cuba. Es público y notorio que los empleados del periódico Miami Herald a menudo han usado sus credenciales periodísticas para difundir propaganda anticastrista. Por ejemplo, en septiembre de 2006, el entonces presidente de The Miami Herald Media Co., Jesús Díaz Jr., despidió a tres de sus empleados cuando se descubrió que habían recibido dinero de estructuras gubernamentales estadounidenses que trabajan contra la isla.
Jesús Díaz Jr. argumentaba que esos pagos violaban los principios de la independencia periodística. No obstante, menos de un mes después, debido a la presión, Díaz reincorporó a esos periodistas y dimitió.
Nueva 'moral revolucionaria'
En una guía sobre 'Lo que queda dentro y fuera' de la nueva Constitución cubana, la BBC notó la importancia de los cambios económicos propuestos, pero con varias advertencias. Por ejemplo, "Cuba se mueve en dirección al 'socialismo de mercado' practicado por aliados políticos como China y Vietnam, pero, a diferencia de esos países, los funcionarios cubanos aún expresan su aversión pública a la idea del enriquecimiento individual excesivo". Además, según la Corporación de Radiodifusión Británica, la Constitución revisada continúa prohibiendo la "concentración de propiedad" privada.
En otras palabras, la BBC respalda la decisión de marcar en la propia Constitución la libertad de los cubanos de abrir su propio negocio particular, pero critica la imposibilidad de poder hacer un imperio comercial y vivir únicamente de la explotación de sus compatriotas.
Un enfoque igualmente equívoco se hace evidente en la sección sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta fue promovida por Mariela Castro, hija de Raúl y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex). Pero la emisora británica no sintió escrúpulos en reprocharle a "las autoridades comunistas" que, "en nombre de la moral revolucionaria", los homosexuales fueran perseguidos en la isla durante las primeras décadas después de la revolución.
El artículo, no obstante, ignora totalmente el estado de los derechos de los homosexuales en otras partes del mundo en esa época. En particular, en el propio Reino Unido las relaciones homosexuales fueron criminalizadas hasta 1967 y no fue hasta 1982 que dejaron de considerarse un delito. Lo curioso es que esto se hizo por las autoridades reales, en nombre de la moral británica. Nada que ver con el comunismo ni la revolución.
