"La mayoría de quienes están en el proceso de reincorporación no tienen más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben y que terminará en agosto del próximo año", dijo el jefe de la Misión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) Jean Arnault en una sesión del Consejo de Seguridad, en Nueva York.
El diplomático también destacó que persisten los problemas de seguridad para los excombatientes de FARC que no están en zonas protegidas de reintegración, pues más de 74 fueron asesinados tras la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, por lo que pidió que el Estado cumpla sus compromisos de protección.
Asimismo, indicó que continúan los asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos.
Por su parte, Sacha Sergio Llorenty Soliz, representante de Bolivia y presidente del Consejo de Seguridad en este mes, manifestó la preocupación de la comunidad internacional por la falta de implementación de los proyectos productivos que deberían ser la solución económica para la reintegración de unos 14.000 excombatientes.
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Ante esos llamados, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, indicó que el Gobierno adoptará "un nuevo enfoque con el propósito de recuperar el tiempo perdido y permitirle a los desmovilizados avanzar".
Trujillo aseguró que se avanza en el diseño de un plan para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos y dijo que el Gobierno está dispuesto a continuar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), siempre y cuando esa guerrilla entregue a los secuestrados y cese sus hostilidades.